La comisaría tercera de Quilmes, en la zona sur del Conurbano bonaerense, fue intervenida en las últimas horas, mientras que cinco policías quedaron desafectados a raíz de una denuncia de vecinos por "coacción", que involucra a una importante representante del ministerio público fiscal. Según informaron a NA fuentes con acceso a la causa, la medida fue tomada por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, luego de la denuncia realizada por un grupo de vecinos que declararon que fueron coaccionados por agentes de la comisaría del sur del Conurbano a "entregarles una importante suma de dinero, a cambio de no pasar la carátula por `trata de personas`". El hecho se agravó, según las fuentes, porque los testigos (que serían ciudadanos bolivianos y dueños de un taller textil) afirmaron que una fiscal presenció la coacción, y esa funcionaria tendría una relación estrecha con uno de los policías desafectados. Fue así que tras conocerse la denuncia, el organismo de control policial dispuso la desafectación de al menos cinco policías e informó de las irregularidades formuladas en la denuncia contra la fiscal a la Procuración General de la Provincia que inició un trámite disciplinario. Los policías que fueron desafectados de sus funciones son el Jefe de calle oficial principal Hugo Enrique Coll (que fue detenido este sábado), los oficiales Diego Damián Appella, Víctor Emilio Tevez y Jonatan Eduardo Ocampo, y el teniente Claudio Ramón Lugones. De las averiguaciones de Asuntos Internos, se desprende, indicaron las fuentes, que "este accionar se repitió en al menos cinco allanamientos que fueron denunciados por otras víctimas ante la Auditoría, con los mismos uniformados involucrados, y en los cinco casos estuvo la misma fiscal a cargo de la instrucción, razón por la cual se comunicó por nota esta irregularidad a la Procuración para su investigación". La misma fiscal, ya había sido denunciada ante la Procuración por el propio Ministro de Seguridad Cristian Ritondo, cuando en octubre del año pasado impidió que la Comisión de Prevención y Represión contra el Juego de Azar Ilegal, que depende de esa cartera, clausurara un local donde se realizaban apuestas clandestinas. Si bien las fuentes consultadas no hicieron público el nombre de la fiscal, NA pudo saber de fuentes seguras que se trataría de Ximena Santoro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) número 7 del Departamento Judicial de Quilmes. JG/GO/AMR (Noticias Argentinas)