La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) propone que la actividad del sector constituya una política de Estado, con medidas similares promocionales a las otorgadas al sector industrial, según las conclusiones de su coloquio anual, en esta oportunidad bajo el lema "Hacia la Reactivación Hotelera y Gastronómica", difundidas hoy.

Tras el Coloquio Hotelero Gastronómico Fehgra 2021, la entidad señaló en primer término que "la sostenibilidad en el sector requiere de una etapa de reconstrucción, en el corto plazo y, una segunda de desarrollo, en la cual se deberá aspirar a una estabilidad macro".

El encuentro de la organización, que agrupa a más de 50.000 establecimientos en todo el país, fue encabezado por su presidenta, Graciela Fresno, y contó con la participación de sus directivos y funcionarios nacionales, como Laura Tuero, subsecretaria de Financiamiento y Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, del Ministerio de Desarrollo Productivo.

En las conclusiones, Fehgra expresó que debido a que "la actividad Hotelera tuvo en 2020 una retracción de más del 95% y la Gastronómica del 55%, las ayudas recibidas permitieron disminuir las pérdidas, pero no alcanzaron para paliar la crisis".

En ese contexto, la entidad considera "necesario más que nunca poder trabajar en condiciones normales, con reactivación de vuelos con tarifas accesibles, que se cumplan y mantengan las medidas recientemente anunciadas en materia de Turismo Nacional e Internacional, como el aforo del 100% en locales gastronómicos".

Otro pedido se basa en que "la actividad se encuentra desde antes de la pandemia en un escenario tributario incorrecto, ya que está gravada a la alícuota general del 21%" por lo que "se debe adaptar al modelo europeo donde se aplica la alícuota de IVA de tipo reducido, en general el 10%".

Click to enlarge
A fallback.

También reclama que "la alta incidencia de los impuestos indirectos y trasladables a los consumos, por tributos nacionales y locales, hace que su participación en el precio final del servicio pueda alcanzar ratios de entre el 35% al 50%".

"Ello impacta en la capacidad de demanda de dichos servicios por parte de los consumidores finales en particular, en momentos de fuerte caída del poder adquisitivo", añade en un comunicado.

Otro párrafo de las conclusiones se refiere al proyecto de Ley de Presupuesto General Año 2022, sobre el que considera que "dado la gravosa presión tributaria existente en nuestra economía, aparece como irrazonable el incremento porcentual previsto", y considera que de aprobarse "constituirá un nuevo obstáculo para la reactivación". (Télam)