Un hombre de 67 años fue condenado a la pena de 13 años de prisión efectiva por abuso sexual agravado en perjuicio de su hija menor de edad, desde que ella tenía 7 años y hasta los 14, aunque cumplirá la condena en su domicilio, por su estado de salud, informaron hoy fuentes judiciales.

La jueza María Victoria Montoya, de la Sala II del Tribunal del Juicio de Salta, fue quien condenó en juicio abreviado al hombre, de 67 años, a una pena de 13 años de prisión efectiva.

Para Montoya, el acusado es autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con una menor de edad, continuado; abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente, también continuado.

Todo esto en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravada por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente, todo ello en concurso real.

El hombre fue denunciado por una de sus hijas mayores, luego de que salieran a la luz los abusos a los cuales había sometido a la niña, desde que tenía la edad de 7 años, y hasta que cumplió los 14.

La denunciante fue citada por la directora de la escuela a la cual concurría su hermana menor, porque la habían encontrado llorando dentro del establecimiento, y cuando le consultaron a qué se debía, contó que su padre abusaba de ella desde pequeña.

La víctima destacó que las agresiones sexuales se incrementaron luego de que su madre se separó del acusado y ella y sus hermanas menores quedaron viviendo solas con él.

Asimismo, la damnificada manifestó que no había contado antes lo sucedido porque su padre le advertía que si lo acusaba él podía ir preso y ella se quedaría sola con sus hermanitas más chicas.

Los voceros detallaron que el condenado cumplirá la pena con la modalidad de prisión domiciliaria por los problemas de salud que padece, corroborados en su historia clínica.

Ante esta situación, la jueza le prohibió al condenado cualquier tipo de contacto con la menor víctima, tanto físico como por medios electrónicos.

Además, el imputado quedó privado de su responsabilidad parental respecto de la menor y se comunicó la decisión al Registro Civil de la Personas.

Finalmente, se ordenó la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Las fuentes indicaron que se omitieron los nombres de las personas involucradas para preservar la identidad de la menor y su derecho a la intimidad y confidencialidad, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño y otras normas vigentes. (Télam)