La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) solicitó la elevación a juicio oral para siete personas acusadas de explotar laboralmente a 31 trabajadores y trabajadoras de una empresa avícola ubicada en la ciudad bonaerense de Cañuelas, y también requirieron que el dueño del predio responda por la muerte de una trabajadora que falleció por hantavirus.

Los fiscales Cecilia Incardona y Marcelo Colombo pidieron además una reparación económica a las víctimas, principalmente a la familia de la mujer fallecida por hantavirus, informó el sitio fiscales.gob.ar.

La investigación del caso se llevó a cabo luego de una denuncia realizada en octubre de 2019 por un inspector del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), quien notificó en la línea 145 la situación de explotación.

A partir de la denuncia, en diciembre de ese año se dispuso un allanamiento por orden del juez Luis Arnella y se constataron las "deficientes condiciones" en las que los trabajadores se desempañaban y vivían, entre las que se encontraron malas condiciones laborales, falta de libreta rural y mala remuneración que, en algunos casos, percibían las personas por debajo de lo establecido en el convenio.

En el predio, también se hallaron una gran cantidad de pollos muertos y roedores, y se verificó que algunas de las personas habitaban un micro abandonado, sin ropa de trabajo adecuada ni elementos de seguridad.

En ese momento, se tomó contacto con las víctimas, entre ellos los familiares de la mujer fallecida, quienes relataron que había muerto unos días antes a causa de hantavirus, una enfermedad que se produce por el contacto con las heces, orina y saliva de roedores infectados que abundaban en el lugar.

A su vez, los familiares de la víctima señalaron que fueron ellos los que debieron costear el traslado del cuerpo de la mujer a Paraguay y fueron desvinculados laboralmente cuando regresaron del sepelio.

De esta forma, Incardona y Colombo solicitaron que el presidente de la empresa fuera a juicio por el delito de homicidio respecto de la trabajadora fallecida, y también lo consideraron autor del delito de "trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por haberse cometido mediante el abuso de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas, por tratarse de más de tres víctimas, por la participación de más de tres personas, y por haberse consumado la explotación".

También fue requerido el enjuiciamiento de las hijas del empresario, que trabajaban en la administración del predio, de varios colaboradores y de dos oficiales de la Gendarmería Nacional, que trabajaban como seguridad en el lugar.

Por último, los fiscales consideraron que se llevaron a cabo actos discriminatorios basados en el género por parte de los imputados, y solicitaron que los bienes embargados durante la investigación fueran utilizados para la reparación económica de la víctimas, en los términos de la Ley 27.508 del "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata". (Télam)