Por Beatriz Busaniche, Lic. en Comunicación Social, magíster en Propiedad Intelectual de FLACSO y presidenta de la Fundación Vía Libre, dedicada a la defensa de derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación.

El Día Internacional para una Internet segura que se celebra este 9 de febrero es una oportunidad para reflexionar sobre los usos y desafíos que enfrentamos en la red.

Como primera idea, vale repetir algo que enfatizamos desde Fundación Vía Libre: Internet no fue diseñada para preservar la privacidad ni la seguridad de la información. A su arquitectura primigenia, pensada para facilitar la circulación de información de un punto a otro de la red se suma el modelo de negocios que ha imperado en las últimas décadas, la puja comercial por la atención y el incremento del valor de los datos personales.

La protección de la privacidad no es un problema individual sino colectivo. La seguridad de nuestra información no es un tema técnico sino político. Es así que no existen soluciones individuales a problemas complejos como la protección de la privacidad y la seguridad de los datos. La seguridad y la privacidad en Internet requieren políticas públicas apropiadas, políticas de seguridad de la información en poder del Estado y una férrea protección de los derechos de la ciudadanía frente a los abusos cotidianos en materia de gestión de datos.

Una autoridad de aplicación rigurosa, autónoma y con capacidad de acción frente al sector público y privado es una deuda que Argentina tiene pendiente desde que se consagró el Derecho de Habeas Data en la Constitución Nacional en 1994. El Estado tiene la obligación de velar por este derecho y la responsabilidad de tomar medidas apropiadas para evitar los abusos. El principio precautorio en la recolección de datos deberá ser la norma y una política de custodia de la información una medida urgente.

Más allá de esta prioridad de políticas públicas, existen acciones personales esenciales: tomar decisiones basadas en información apropiada, exigir términos de uso respetuosos y tomar conciencia del tipo de transacción que establecemos cuando aceptamos contratos de adhesión con las múltiples plataformas con las que interactuamos.

También es menester la formación en el uso de las tecnologías aprender a identificar las medidas de seguridad de los diferentes sitios web, tener la precaución de no entregar información que no sea indispensable para una transacción que realizamos, adoptar contraseñas apropiadas, custodiar debidamente los dispositivos en los que guardamos información importante y sobre todo resguardar y minimizar la información personal que exponemos en las redes.

Un aspecto del que poco se habla es el respeto a terceros en la custodia de la privacidad. Dado que se trata de un problema colectivo, las decisiones que tomamos inciden sobre otras personas que pueden no acordar con lo que queremos hacer.

Debería ser la práctica más corriente pedir permiso antes de compartir imágenes o datos personales que no nos pertenecen. Un capítulo importante es la protección de niños, niñas y adolescentes. Su derecho a la privacidad y a la seguridad de su información está consagrada en todos los tratados internacionales que los amparan. Ahí si se trata de sus progenitores o adultos a cargo, urge construir un ámbito apropiado para que puedan desarrollarse plenamente con respeto por sus derechos. No los privemos hoy de su derecho a la intimidad. (Télam)