La audiencia convocada para mañana, en el marco de la causa iniciada con la denuncia que por violencia de género radicaron las monjas del Convento San Bernardo en contra del arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, se suspendió debido a que la máxima autoridad de la Iglesia Católica salteña participa desde hoy, y hasta el viernes próximo, de la 120 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en Pilar.

Así lo informaron hoy a Télam fuentes judiciales, que detallaron que la defensa del arzobispo de Salta informó a la jueza de Violencia Familiar y de Género 3, Carolina Cáceres Moreno, quien entiende en la causa, que su defendido no podrá concurrir a la audiencia convocada para mañana.

Cargnello tiene programado participar desde esta tarde y hasta el viernes próximo, de la 120º Asamblea Plenaria de la CEA, que se desarrolla en Pilar, provincia de Buenos Aires, presidida por el obispo Oscar Ejea.

Por este motivo, se suspendió la audiencia, una de las medidas precautorias impuestas por la magistrada, tras la denuncia que dio inicio a la causa "Monasterio, San Bernardo de Carmelitas Descalzas contra Cargnello, Mario Antonio; De Elizalde, Martín; y Ajaya, Lucio Francisco por violencia de género".

La semana pasada, Cáceres Moreno no hizo lugar a un planteo de incompetencia formulado por la defensa del arzobispo, quien entendió que, en esta causa, corresponde la intervención del fuero eclesiástico, de conformidad al Concordato con la Santa Sede de 1966.

Cáceres Moreno, que apenas recibió la denuncia realizada ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género dictó una serie de medidas precautorias, consideró que se encuentra habilitada para intervenir en la causa, en el marco de los tratados Internacionales de Derechos Humanos y leyes nacionales y provinciales que rigen la materia.

Entre esos tratados y leyes, la magistrada citó a la Convención Cedaw, la Convención de Belém do Pará, la ley nacional 26485, y las leyes provinciales 7888 y 8158, y explicó que en la materia se deben aplicar principios de tutela efectiva, inmediación y oficiosidad, entre otros.

Además, consideró importante puntualizar que en el acuerdo entre el Gobierno Argentino y la Iglesia Católica firmado en 1966, se garantizó a la Iglesia su autonomía para el libre ejercicio de su poder espiritual y también su competencia para el logro de sus fines específicos.

En este sentido, aseguró que ello no es obstáculo para que el Estado argentino pueda actuar para garantizar los derechos constitucionales de todos sus habitantes.

La fiscal penal de violencia de género, Gabriela Dávalos, había dictaminado en idéntico sentido, por lo que entendió que el juzgado resulta competente para continuar interviniendo en estos autos.

En tanto, la defensa de Cargnello presentó ante el juzgado un recurso de apelación en contra de esta medida, que ahora será elevado a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial para su resolución.

Tras la denuncia, radicada días antes de la Semana Santa, la jueza dispuso de manera provisoria intimar a Cargnello, De Elizalde y Ajaya a que se abstengan de ejercer actos de violencias de todo tipo y bajo cualquier modalidad en contra de la madre priora María Fátima del Espíritu Santo, otras dos monjas mencionadas en la denuncia y las demás hermanas del monasterio de clausura.

Además, a los tres denunciados se les prohibió el acercamiento a 300 metros del Convento San Bernardo, que está en el centro de la Capital salteña, sobre la calle Caseros, donde se ordenó custodia policial y se fijó la audiencia para mañana, que finalmente se suspendió.

Por otro lado, para mañana a las 17 está programado un abrazo simbólico al convento, bajo el lema #HermanaSiTeCreo, convocado en apoyo a las carmelitas descalzas, por organizaciones feministas y en el marco de la ley 26485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales. (Télam)