Organizaciones feministas y de derechos humanos se convocaron hoy, en la puerta de la Ciudad Judicial de la capital salteña, para pedir nuevamente por el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz, imputada luego de intervenir en la realización de una Interrupción Legal de Embarazo (ILE) en el hospital de Tartagal, acusada de haber hecho esa práctica contra la voluntad de la paciente.

“Estamos acá porque es la primera vez que la causa de Miranda Ruiz sale de Tartagal para ser evaluada en Salta Capital, lo cual nos da esperanzas y nos genera expectativas ante la posibilidad de que haya una respuesta diferente”, expresó a Télam la abogada Rocío García Gallo, coordinadora del Área Legal de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

La letrada se refirió de esa manera al pañuelazo que se concretó hoy, en la puerta de la Ciudad Judicial de Salta Capital, convocado por distintas organizaciones sociales, políticas, feministas y de derechos humanos.

García Gallo explicó que hasta el momento fueron rechazados dos pedidos de sobreseimiento, y detalló que el segundo fue apelado, por lo que ahora deberá ser analizado por el Tribunal de Impugnación.

“Esto nos abre el panorama y esperamos que por ahí, saliendo del propio territorio, se pueda revisar la causa de una manera un poco más objetiva y concreta, para dar cuenta que esta imputación no tiene sustento fáctico”, agregó.

La letrada indicó que en este caso “no hay delito”, y sostuvo que lo único que hizo la profesional que se desempeña en el hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, “fue cumplir la ley”.

Asimismo, señaló que Ruiz buscó “garantizar un derecho en el marco de un pedido requerido por una paciente que se desplazó desde Salvador Mazza hasta Tartagal, para pedir la práctica”.

En este sentido, agregó que la gestante “se internó voluntariamente para realizar una práctica medicamentosa autoadministrada, firmando el consentimiento informado, que está perfectamente incorporado a la historia clínica”.

Luego, reveló que se conformó “un equipo de trabajo de abogadas de CDD, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), y venimos trabajando entramadas junto a las defensoras de Miranda, para abordar desde una perspectiva más integral esta causa, que no tiene sustento ni legal ni fáctico”.

“Venimos con esto desde septiembre, con un hecho altamente repudiable y violento, que tiene que ver con la detención de Miranda Ruiz en su propio lugar de trabajo, y que necesariamente el Poder Judicial debe revisar y empezar a cambiar”, concluyó la abogada.

Por su parte, Nora Leonard, de la asociación de derechos humanos Lucrecia Barquet, manifestó a Télam que “siempre hemos defendido la justicia y la ley, y entonces nos parece una aberración que se le haga un juicio a una médica que lo único que hizo fue cumplir la ley”.

“Es realmente una injusticia”, afirmó Leonard, quien acotó: “estoy acá para solidarizarme con Miranda Ruiz, que es una defensora de los derechos de las mujeres” y detalló que “hay sectores muy retrógrados que no respetan los derechos humanos ni los de las mujeres, y siguen con mentalidad patriarcal”.

Las abogadas de Fundeps, CDD y CELS forman parte de las diversas organizaciones y organismos que se presentaron en la causa como amicus curiae (amigos del tribunal), entre ellos el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Miranda Lucía Ruiz se desempeña como médica residente del Hospital de Tartagal, que está 365 kilómetros al norte de la capital salteña, y brinda asistencia a las consultas sobre anticoncepción y planificación familiar, y fue imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega, por el delito de “aborto sin consentimiento”.

Del decreto de imputación surge que la médica habría intervenido en el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, "sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento".

La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante.

Ruiz, que estuvo detenida durante algunas horas, en septiembre pasado, luego de ser imputada, aseguró en la oportunidad que ella no puede "obligar a nadie a abortar", y destacó que, como médica residente, no actúa sola en casos como este, sino con el aval de la institución.

Los dos pedidos de sobreseimientos fueron rechazados por el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, por lo que la defensa jurídica de la profesional presentó la apelación correspondiente, que ya se encuentra en la Vocalía 2 de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta. (Télam)