La Legislatura salteña sancionó en 2014 la Ley 7856, que crea una Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para Pueblos Originarios, con el fin de garantizar una adecuada y equitativa atención médica a los pacientes de los pueblos originarios, cuya reglamentación está pendiente y es reclamada por organizaciones civiles.

Esta ley, que fue publicada el 15 de diciembre de 2014 en el Boletín Oficial salteño, establece la creación de la Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para Pueblos Originarios Sumaj Kausai (Buen Vivir).

La intención de crear esta red fue "focalizar y coordinar los problemas de salud y socioculturales, socioeconómicos y de identidad que afectan a los pacientes de los pueblos originarios" y "garantizar una adecuada y equitativa atención médica y accesibilidad a la alta complejidad médica".

Asimismo, tuvo el objetivo de "facilitar la asistencia a los familiares ante la derivación médica con la correspondiente contención social", en el marco de "un ambiente de respeto a sus valores culturales y ancestrales".

En su artículo segundo, la norma ordena proveer de "Facilitadores Interculturales Bilingües necesarios para la cobertura de los hospitales", para permitir "una adecuada armonización intercultural entre el sistema de salud y el paciente originario, garantizando su atención y contención".

Además, la ley busca garantizar "albergues institucionales de tránsito, dentro del ejido hospitalario, para brindar hospedaje, manutención y acompañamiento integral al paciente originario y su familia, mientras sea necesaria su permanencia por motivos vinculados a su atención de salud".

Por otro lado, en su artículo cuarto, la Ley 7856 insta a "optimizar a través de la Red los mecanismos de coordinación interinstitucionales del Estado provincial y municipal", para que el sistema de referencia "sea efectivo, eficiente, eficaz y equitativo vinculados a su atención de salud".

En tanto, ordena "otorgar, en caso de fallecimiento del paciente, el traslado de los restos a su lugar de origen, haciendo extensiva dicha cobertura al deudo acompañante", y establece que la autoridad de aplicación de la norma es el Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

Por otro lado, la ley determina que el gasto que demande su cumplimiento "será imputado a las partidas correspondientes al Presupuesto General de la Provincia", y ordena al Poder Ejecutivo Provincial su reglamentación en un término de 180 días a partir de su promulgación.

A pesar de algunos tímidos intentos del Estado provincial, aun no se logró reglamentar esta norma, lo que es considerado una deuda por organizaciones civiles dedicadas a los derechos de niños y adolescentes, especialmente de pueblos originarios.

Por ejemplo, desde Infancia en Deuda (IED), que reúne a organizaciones de la sociedad civil que buscan concientizar y dar prioridad a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la agenda de políticas públicas, se considera importante la aplicación de esta ley porque en Salta residen más de 500 comunidades indígenas, de 14 pueblos originarios, "que viven en condiciones de pobreza estructural", con "fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable".

Para IED, solo a través de la reglamentación, la asignación de un presupuesto específico, la implementación de todos los dispositivos reconocidos y la coordinación interinstitucional de política pública "se podrá comenzar a mitigar la grave situación sociosanitaria que atraviesan las comunidades originarias de Salta".

En enero de 2020, el Gobierno de Salta declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán, del norte provincial, tras el fallecimiento de al menos nueve niños y niñas indígenas por cuadros de desnutrición o enfermedades asociadas a ella.

Los primeros estudios detectaron en la zona tres problemas estructurales que derivan en mortalidad infantil: falta de acceso a agua segura, una deficiente ingesta de alimentos, y limitaciones en el acceso a los servicios de salud.

En tanto, la Corte de Justicia de Salta ratificó en julio la orden al Gobierno provincial de tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la salud de niños y adolescentes de comunidades originarias de los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín, del norte salteño.

La decisión de la Corte salteña mantiene vigentes dos medidas cautelares conexas: una presentada por la Defensoría Nacional de las Niñas, Niños y Adolescentes, que encabeza Marisa Graham, y la otra la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Comisión Directiva Wichi de la Misión La Loma.

En su presentación, la Defensoría calificó a la situación de los niños indígenas del norte salteño como alarmante y solicitó intimar a los titulares de los ministerios de Salud y Desarrollo Social a comunicar las dependencias que gestionarán los medios para atender las situaciones de emergencia sociosanitaria, vinculadas a desnutrición y deshidratación.

Al respecto, la Corte salteña destacó la necesidad de que el Estado provincial tome acciones en cuestiones de salud y, en particular, de salud alimentaria, acceso al agua y una atención oportuna y adecuada.

El máximo tribunal decidió mantener esa cautelar y fundamentó que, para decidir, la magistrada interviniente tuvo en cuenta la situación de urgencia y emergencia sanitaria de la zona y su vulnerabilidad multicausal e interseccional.

En relación a la cautelar presentada por ACIJ y la Comisión Directiva Wichi de la Misión La Loma, el Gobierno salteño había apelado la decisión que le ordenaba designar facilitadores culturales en los hospitales de los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín, en Salta Capital, y en albergues para la contención de niños indígenas y sus familias.

La decisión de la Corte fue mantener ese amparo, porque entendió que el magistrado interviniente se basó en la Ley provincial de Salud Intercultural Nº 7856. (Télam)