Medidas de publicidad, de reparación tanto simbólica como económica, y garantías de no repetición son algunos de los compromisos que el Estado nacional asumió hoy ante la negligencia en la investigación sobre el crimen del prefecto Octavio Romero, ocurrido hace 11 años.

A partir de un acuerdo de solución amistosa con la parte afectada, la pareja del prefecto, Gabriel Gersbach, un caso admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018, se determinó que el cumplimiento de estos compromisos deberán ser informados a través de informes semestrales a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la CIDH.

Entre ellos, se encuentran los siguientes compromisos:

El Estado deberá difundir el documento en el plazo máximo de 6 meses desde su publicación en el Boletín Oficial tanto en las páginas web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), como en un diario de amplia circulación nacional.

En relación a las medidas de reparación, el Estado se comprometió a brindar "todo el apoyo que pueda requerir la fiscalía interviniente en la investigación de los hechos relacionados con la muerte de Octavio Romero.

En este sentido, se pondrá a disposición el equipo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y de la Dirección General de Políticas de Género de la Procuración General de la Nación.

A través del canal educativo y cultural Encuentro se elaborará un especial documental sobre la diversidad sexual en las fuerzas de seguridad, en memoria y homenaje de Octavio, que quedará disponible en la plataforma Cont.ar y se distribuirá en escuelas.

El Estado también brindará apoyo para la realización de un mural en memoria del joven.

Entre las medidas de garantías de no repetición, el Ministerio de Seguridad de la Nación dictará el "Protocolo de actuación frente a denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual y/o identidad de género, su expresión y característica sexual".

Además, impulsará una jornada anual de sensibilización destinada a cadetes y aspirantes que deseen ingresar a las fuerzas de seguridad federales y se comprometió a trabajar en la incorporación de la perspectiva de género y diversidad sexual en la capacitación de docentes e instructores de los Centros de Entrenamiento Policial.

En tanto, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizará acciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género, como la ampliación de profesionales del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género y del Programa Acercar Derechos.

La cartera liderada por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta también se comprometió a trabajar en la confección de lineamientos generales para el abordaje de los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y homicidios por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.

En este misma línea, el Ministerio Público Fiscal, a través de la UFEM, llevará adelante un proceso de trabajo para la adaptación de su "Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)", con el objetivo de incluir la perspectiva de diversidad y en los crímenes por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.

Finalmente, en cuanto a la reparación económica, las partes acordaron constituir un tribunal arbitral ad-hoc que determine las reparaciones que le corresponden a Gabriel Gersbach "por los daños materiales e inmateriales sufridos por las violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente acuerdo".

Durante el proceso de elaboración del acuerdo participaron representantes de los ministerios de Seguridad, de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), del Canal Encuentro y de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, de la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios y de la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación. (Télam)