La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CNCCC) ratificó la extracción de pruebas genéticas a un condenado por abuso sexual, lo cual "no agrava su pena", aunque la medida no había sido expresamente pedida por los acusadores.

La Sala I de la Cámara rechazó declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 26.879 (creación del Registro de Datos Genéticos), que establece esa obligación en los casos de condena firme por delitos contra la integridad sexual, para su anotación en un listado oficial.

En abril de 2019, F.R.B. fue condenado a tres años de prisión por abuso sexual y amenazas contra A.P. en un hecho ocurrido el 26 de febrero de 2017 cuando, en el interior de un hotel de la calle Rincón al 300 de esta ciudad, atacó a una joven que se hallaba cenando con su mamá.

En esa ocasión, le quitó "violentamente" la camisola que llevaba puesta y le tocó los pechos y la vagina.

El agresor también intentó quitarle el pantalón a la víctima, pero no pudo debido a la resistencia que opuso la damnificada, y la intervención de su madre, por lo que aquél abandonó la habitación diciéndole a la mujer: "Te voy a matar".

La defensa había argumentado que la extracción de material genético no había sido solicitada en ningún momento del proceso, por lo que el fallo que la impuso constituía un agravante y la imposición de otra pena.

La Cámara recordó que el artículo 5 de la Ley 26.879 prevé que "una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el Registro".

Los camaristas Patricia Llerena, Gustavo Bruzzone y Horacio Días consideraron, además, que la orden de extraer material genético en sí "no constituye pena" ni tiene naturaleza punitiva.

"El sentido de la registración de datos no es agravar el castigo de quien ha sido condenado, sino iluminar las investigaciones penales futuras", agregó Bruzzone en su voto. (Télam)