"El caso de Britney Spears sirve para hablar de qué les pasa a las personas que tienen restricciones a la capacidad jurídica y en particular a las mujeres", dijo a Télam Macarena Sabin Paz, psicóloga y coordinadora del Área de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"El problema de las mujeres que están encerradas en una institución psiquiátrica hay que abordarlo desde el análisis interseccional que nos permite pensar la salud mental, las cuestiones de género y patriarcado, la extrema pobreza y la vulnerabilidad social", explicó la psicóloga.

Una de las primeras resoluciones que se suelen tomar en casos de mujeres con padecimientos mentales que atraviesan procesos de restricción a la capacidad jurídica es la separación de sus hijos.

"Se presupone que la mujer no tiene condiciones de maternar, cuando la maternidad no tiene que ver con una capacidad innata asociada a la capacidad de gestación, es una función que se construye", indicó la especialista y remarcó que "se puede maternar con apoyos, todas las mujeres maternamos con apoyo".

Por su parte, la abogada Celeste Fernández explicó que las sentencias con restricciones se extienden hasta "derechos personalísimos, como tratamientos de salud", y apuntó que "el caso de Britney es terrible porque va contra un derecho tan personal de ella como es tener un hijo".

En Argentina, el 1 de julio la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que modifica la Ley 26.130 de contracepción quirúrgica para otorgarles a las personas con discapacidad el derecho de expresar su voluntad para acceder a la realización de las prácticas denominadas "ligadura de trompas de Falopio" y "vasectomía"

"Hoy las mujeres con discapacidad no pueden elegir y les hacen ligadura de trompas sin consentimiento", indicó la psicóloga Macarena Sabin Paz y sostuvo que las esterilizaciones forzadas recaen "directamente sobre las mujeres en una afectación diferencial respecto de los compañeros varones".

También las mujeres son más vulnerables a sufrir "el reemplazo de la voluntad para lo que tiene que ver con la administración de bienes, aunque no sean grandes fortunas, sino la plata de una pensión no contributiva", dijo la especialista.

"Si bien las normativas cambiaron considerablemente a favor del mayor respeto de los derechos humanos de este grupo, todavía hay un montón de cuestiones que lamentablemente siguen estando vigentes desde las prácticas", puntualizó y remarcó "la necesidad de acompañar esos cambios con prácticas del sistema de salud y judicial". (Télam)