El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, promulgó hoy el nuevo Protocolo Único de Articulación para el abordaje de situaciones de trata y explotación, que actualiza el del 2015, e incorpora las políticas implementadas por los Ministerios que surgen de las experiencias y prácticas en la problemática.

A través de la Resolución 1/2023 de la jefatura de Gabinete de Ministros, publicada hoy en el Boletín Oficial, se encuentra vigente el nuevo Protocolo Único de Articulación, elaborado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

El documento, publicado hoy en la web oficial de Argentina.gob de la jefatura de Gabinete de Ministros, establece "la intervención de los organismos competentes, unifica criterios, previene las fragmentaciones y sobreintervenciones, desde el momento de la denuncia hasta la asistencia integral a las personas damnificadas por los delitos de trata y explotación".

El instrumento establece las formas de intervención que rigen para todos los organismos que abordan la problemática, "como la interseccionalidad, perspectiva de derechos humanos, género y diversidad, interés superior de la niña, niño y adolescente, derechos de las personas con discapacidad, no-discriminación, no-punibilidad, no-revictimización, confidencialidad, celeridad y debida diligencia, y trabajo interdisciplinario e intergubernamental".

A su vez, se aclara el funcionamiento de una línea de consultas y orientación que administra la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo.

"Unifica el criterio al momento de la denuncia que los organismos deben presentar ante la Línea 145 y, en caso de imposibilidad de comunicación, ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal (Protex)", se informó.

Este procedimiento rige para todos los organismos involucrados en la detección de dicho delito, como los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Seguridad, de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En cuanto a la judicialización, persecución y flagrancia, se ordenan los protocolos de las fuerzas de seguridad, tanto para la detección temprana en los diferentes ámbitos de su competencia, como las guías de actuación y recepción de denuncias.

El nuevo instrumento, incorpora la facultad de la AFIP para querellar, en representación del Estado Nacional, "en aquellos casos que pueda visualizarse la existencia de elementos que pudieran configurar el supuesto de evasión previsional y afectar los recursos de la seguridad social".

En ambas instancias, se establece la obligación de "garantizar la asistencia integral que la persona rescatada requiera".

Por último, se establece que la información sobre los programas y recursos disponibles para las personas damnificadas por los delitos de trata y explotación se encuentran publicadas en el sitio web del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas: https://www.argentina.gob.ar/jefatura/comitecontralatrata.

El Gobierno nacional rescató y asistió en 2022 a 1.186 personas que fueron víctimas de trata de personas, la mayoría mujeres, según informó a través del documento del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al que tuvo acceso Télam.

Del total de personas rescatadas el año pasado, 543 se identificaron como hombres, 637 como mujeres y 6 como personas trans. En tanto que 61 personas asistidas eran menores de edad. (Télam)