El ministerio de Justicia presentó hoy un nuevo Protocolo de Actuación ante Casos de Violencia de Género para mujeres con arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica que prevé un procedimiento de emergencia y evaluación de riesgo a través de un Centro de Monitoreo Electrónico.
El protocolo establece procedimientos de actuación ante llamadas telefónicas ingresadas a ese Centro así como procedimientos de intervención del equipo psicosocial para la protección y acompañamiento de las víctimas.
La nueva herramienta considera como situación de emergencia aquella en la que exista peligro inminente para la vida o la integridad física de la mujer y/o de las personas bajo su cuidado, cuando se denuncien lesiones que requieran atención médica inmediata, situaciones de violencia física y/o sexual o violación de medidas de protección.
Ante una emergencia, los operadores del Centro de Monitoreo Electrónico dan intervención al 911 y/o al Programa de Atención a Víctimas de Violencia Familiar - Línea 137, de acuerdo a la jurisdicción pertinente, y procuran garantizar la vida y la integridad física de quien realiza el llamado de auxilio.
La Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPBVE) y el Área de Género de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica elaboró este Protocolo, en el marco de la Ley 26.485.
“Los datos de la Oficina de Violencia de Género y de la Corte hablan por sí solos: las mujeres sufren violencia en contextos de encierro y en libertad. Tenemos que pensar las dimensiones de esta problemática y hacer que el Estado llegue a tiempo para brindar ayuda”, señaló la secretaria de Justicia, María Fernanda Rodríguez.
Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, destacó que la DAPBVE “se propone posicionar el arresto domiciliario como una alternativa cierta a la prisión ya que ofrece una doble garantía: supervisión mediante monitoreo electrónico y abordaje psicosocial mediante la promoción de lazos sociales saludables que faciliten la reinserción social desde una perspectiva de género y derechos humanos”. (Télam)