Piden seguridad para una mujer atacada brutalmente por su exmarido en las calles de San Luis

La abogada de Paula Torres, la mujer brutalmente agredida el domingo último por su exmarido en la vía pública y ante más de 20 personas, dijo hoy a Télam que teme "por la vida" de su clienta y que espera que San Luis "no deba llorar a otra Úrsula en las estadísticas de femicidios".
La letrada, Leticia Latini, dijo que las diez denuncias por violencia de género, las restricciones de acercamiento y un procesamiento por desfiguración de rostro no le impidieron a Martín Díaz atacar a Paula Torres en pleno centro de la ciudad de Villa Mercedes, el último domingo, "arrastrarla del cabello media cuadra y que sus amigos golpearan en manada a su pareja".
"Paula Torres, denunció al padre de su hijo más de 10 veces, tiene una orden de restricción, pero luego de atacarla en público, junto a otros tres jóvenes, que se ensañaron con su actual pareja y la atacaron con manoplas, continúa libre", relató la letrada.
El episodio, que calificó como "por demás violento", no pasó a mayores porque las personas presentes intervinieron intentando liberar a la víctima del ataque; sin embargo, el hombre logró arrastrarla y golpearla durante media cuadra con una saña inusitada".
Por eso, el agresor fue conducido a la Comisaría 8° de esa ciudad, donde "solo había efectivas mujeres que manifestaron que no podían controlar a Díaz", indicó, y agregó que en esa circunstancia, el abogado del violento, Gonzalo Estrada, hablo por teléfono con el juez Ortiz y en tres horas Díaz estaba en libertad".
Torres tiene un hijo en común con Díaz, de quien está separada hace más de tres años, luego de que el hombre amenazara a su padre "con una arma en la cabeza".
En 2018, la mujer logró que el Juzgado de Violencia le otorgara una orden de restricción, "por tiempo indefinido porque las pericias psiquiátricas determinaron que debía someterse a un tratamiento psiquiátrico y toxicológico", explicó Latini.
A pesar de eso, Díaz se encuentra en libertad con el "riesgo que eso conlleva para mi clienta que, como en todos los casos de violencia de género, debió cambiar de domicilio y permanecer escondida como si las culpable fuese ella".
"Cuenta con un botón antipánico y una orden de restricción que se renovó luego del último episodio, que no garantizan su seguridad y la ubican en una zona de peligro debido a las características obsesivas de su agresor".
"No me explico cómo un Juez puede otorgarle la libertad por un simple llamado telefónico de un abogado y no tener en cuenta el peligro que esto significa para la agredida que deberá esperar el sumario, el avocamiento y la sustanciación de las pruebas para poder recuperar su vida".
Por estas cuestiones, "voy a pedir la recusación del juez de la causa y que comience a tramitarse en otro juzgado donde la orden detención inminente del agresor sea rápidamente cumplida", dijo y agregó que "ni la política, ni el poder judicial responde a la perspectiva de género que se desprenden de la capacitación de la Ley Micaela a la que todos funcionario público debe realizar en San Luis".
"No queremos que sea tarde para Paula, como lo fue con Ursula, los mecanismos del Estado deben funcionar en esta emergencia que se cobra la vida de las mujeres cada día en nuestro país", concluyó Latini. (Télam)