Piden que sea juzgado un hombre por trata laboral ya condenado por el mismo delito

Un hombre que estaba en libertad condicional tras haber sido condenado por trata laboral en el 2015 en Mar del Plata, será juzgado por el mismo delito en un juicio oral ante nuevas denuncias confirmadas tras un allanamiento efectuado en noviembre del 2018
La Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mar del Plata solicitó hoy elevar a juicio una causa por explotación laboral contra Wilson Adalí Garzón López, el dueño de un establecimiento agrícola que ya fue condenado en 2015 a seis años de prisión por el mismo delito.
El fiscal general Daniel Adler, a cargo de la Fiscalía Federal número 2, pidió elevar a juicio al dueño del establecimiento, por trata laboral por hechos ocurridos en el mismo campo.
La quinta de Garzón López, fue investigada y allanada por la Justicia Federal en el 2015 donde encontró a hombres y mujeres migrantes, que eran explotados en largas jornadas laborales, sin registración, con montos y modos de pago por fuera de la ley, y en condiciones precarias de vivienda y seguridad, informó el portal Fiscales.gob.ar.
En 2018, la Justicia Federal allanó el mismo predio, ubicado en el kilómetro 15,5 de la ruta 226, donde eran explotados siete hombres y mujeres migrantes, en las mismas condiciones que hace cuatro años.
En el pedido de elevación a juicio, el fiscal Adler señaló que la violación de trabajo agrario "no implica de por sí la configuración del delito de trata, pero cuando son varios los elementos que se constituyen en un caso, como aquí ocurre, la vulneración normativa constituye un indicio del comportamiento delictivo”, aseguró.
Garzón López está acusado del acogimiento para sometimiento a la servidumbre con fines de explotación laboral en la quinta La Coca, de dos grupos familiares que vivían, dormían y trabajaban allí desde hacía al menos dos años.
De acuerdo a la acusación, “la mecánica de captación, acogimiento y ofrecimiento de tareas de cultivo en condiciones precarias y sin registración se realizaba a través de la existencia de grupos familiares de alojamiento temporal o residencia estable en el predio, cuyas cabezas o padres de familia trabajaban en condiciones de explotación laboral”. (Télam)