La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, solicitó por “mal desempeño” ante el Consejo de la Magistratura un procedimiento de remoción de dos jueces que denunciaron a funcionarios y organismos que garantizaron la atención de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una adolescente abusada sexualmente durante años, informó hoy el Ministerio Público de la Defensa.

Se trata de los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi.

El 24 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 35 años de prisión a un hombre por homicidio y por el abuso sexual durante años de su hermana.

Tras años de abuso, la adolescente quedó embarazada y se le realizó la Interrupción Legal del Embarazo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 86 del Código Penal.

El juez Anzoátegui, al fundamentar su voto, consideró “que se debían extraer testimonios de la sentencia y enviarlos para que se investigue si se cometió un homicidio o un ‘homicidio prenatal’ en relación con el procedimiento legal que interrumpió el embarazo”.

Martínez consideró que la decisión de los jueces de iniciar un proceso penal en razón de un aborto legal practicado representó una práctica de revictimización y discriminación, constitutiva de un trato cruel, inhumano y degradante sobre la condena.

Expresó que la decisión de Anzoátegui y Rizzi de denunciar la práctica de un aborto legal constituyó una acción de disciplinamiento para las y los profesionales intervinientes, con consecuencias claras en la protección del derecho a la salud y a la asistencia legal.

La defensora señaló que de acuerdo con el mandato constitucional, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 8 tenía como misión brindar una respuesta jurisdiccional frente a la comisión de los delitos de abusos sexuales padecidos la adolescente y sin embargo, en lugar de ofrecer una reparación para la víctima, los jueces incurrieron en manifestaciones agraviantes tanto para ella como para su madre.

“En lugar de ceñir el objeto del proceso a la investigación del abuso sexual, los jueces convirtieron el caso en una oportunidad para investigar penalmente la interrupción legal de un embarazo, lo que constituye, no sólo un error jurídico sino también una forma de violencia institucional”, argumentó.

En el fallo por el que la defensora general de la Nación le atribuye mal desempeño, el juez Anzóategui expresó que se debía investigar “la conducta de los funcionarios de la Defensoría General de la Nación, de los organismos nacionales encargados de la protección de los derechos del niño, y de los demás funcionarios públicos que intervinieron en los comienzos de este proceso”.

También manifestó Anzóategui que “algún distraído podrá decir que la actuación de los médicos y profesionales estaba amparada por los protocolos elaborados por las autoridades sanitarias” y señaló que “esos protocolos, así como el fallo de la Corte Suprema, son contrarios a la ley, a la Constitución Nacional y al más elemental sentido de justicia".

El juez Rizzi adhirió íntegramente a las consideraciones que hizo su colega y fue solicitada la remoción de ambos por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, por “mal desempeño” ante el Consejo de la Magistratura. (Télam)