Tres son los casos más resonantes de pederastia ejercidos por curas de la Iglesia católica en la Argentina.

El primero es el del sacerdote Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en 2009.

Grassi fue sentenciado a esa pena por abusar sexualmente del menor conocido como "Gabriel", a quien tenía a su cargo en la Fundación Felices los Niños que estaba ubicada en la localidad bonaerense de Hurlingham y era dirigida por el cura, en un proceso que duró 11 años, desde octubre de 2002, cuando el caso salió a la luz por una investigación televisiva.

Otros casos son los sucedidos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, que inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y cuenta con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.

Por el cargo de abusos sexuales a menores hipoacúsicos, el sacerdote Horacio Hugo Corbacho Blanck (59) fue condenado a 45 años de prisión, el cura italiano Nicola Corradi (83) recibió una pena de 42 años y el exjardinero Armando Gómez (49) fue sentenciado a 18 años.

Las condenas contra los sacerdotes Corradi y Corbacho fueron históricas porque recibieron las penas más altas impuestas a integrantes de la Iglesia católica.

La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó en septiembre de 2020 las condenas para ambos y también la del exempleado Gómez.

El segundo juicio por los abusos a niños hipoacúsicos en el Próvolo de Mendoza comenzó el 3 de mayo de 2021 y tiene como imputadas a dos monjas, exdirectivas y exempleadas del establecimiento.

Este nuevo juicio unifica tres causas y son nueve las personas imputadas por delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación por omisión.

Otro caso fue el del cura Justo José Ilarraz, quien fue condenado a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores en Entre Ríos por un tribunal de primera instancia el 21 de mayo de 2018, pena luego confirmada por la Cámara de Casación Penal de esa provincia el 7 de marzo de 2019.

La acusación contra el sacerdote se vio agravada por ser el encargado de la educación de las víctimas en cinco de los siete casos denunciados.

En noviembre de 2020, tras la apelación de su defensa, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que ahora debe pronunciarse, aunque no tiene plazos, sobre el abuso sufrido por niños y adolescentes de entre 10 y 14 años.

(Télam)