Mujeres de distintas provincias participan con el aporte de sus experiencias e iniciativas de los Parlamentos Territoriales de Cuidado que organiza el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para coordinar políticas públicas en torno a la actividades de cuidado, un trabajo que suele recaer en las mujeres sin visibilidad, reconocimiento de derechos ni valoración económica justa.

El cuidado diario de niños, del hogar, de personas con discapacidad o de adultos mayores configura una actividad central que estructura la vida diaria de las familias y de la sociedad pero que no se distribuye en forma equitativa ya se organiza como una responsabilidad de las mujeres e identidades feminizadas: según datos de la cartera de Géneros, 9 de cada 10 mujeres realizan tareas de cuidado no remuneradas, situación que se profundizó con la pandemia de coronavirus ante la crisis mundial y la consecuente pérdida de empleos formales.

En ese contexto, y en el marco de la Campaña "Cuidar en Igualdad", el gobierno busca construir un diagnóstico federal sobre la problemática en todo el país, además de "promover la transformación de aquellos estereotipos que reproducen la feminización de los trabajos de cuidado", según indica en su web el ministerio que conduce Elizabeth Gómez Alcorta.

Los encuentros, que comenzaron en octubre de 2020 y ya se llevaron a cabo en forma virtual en Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, convocan a integrantes de diversos sectores sociales, políticos, culturales y académicos, organizaciones feministas, e instituciones privadas y públicas para dialogar e intercambiar experiencias y necesidades en torno a la organización local de los cuidados.

Además, el Ejecutivo impulsa consultas a través de una Comisión Redactora de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado con perspectiva de género para crear políticas públicas y elaborar un proyecto de ley que reconozca la tarea de cuidar y permita redistribuir este trabajo de manera igualitaria entre varones, mujeres y otras identidades.

Consultada por Télam, la directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado, Iris Pezzarini, explicó que "desde la creación del Ministerio de Mujeres y por indicación del presidente (Alberto Fernández) planteamos cuatro objetivos a uno o dos años" para darle visibilidad a la actividad de los cuidados y generar derechos para quienes los asumen.

Pezzarini indicó que el primero de los objetivos fue la integración de una "mesa interministerial conformada por 15 organismos", que el miércoles último "presentó el informe de cien acciones" concretadas; y el segundo fue la elaboración de un "mapa federal de los cuidados, georreferenciado de cara a la ciudadanía" como un servicio público que esperan tener listo "para fines de julio".

Ese mapa, dijo, permitirá "que desde cualquier lugar del país se pueda ver qué servicios y cuidadores hay más cercanos" o contar con "información de los ciclos de formación para cuidadores y que logren obtener un certificado".

El tercer y cuarto objetivo "van de la mano", señaló la funcionaria, al destacar la creación de una "comisión redactora para el proyecto de ley para cuidados", integrada por nueve expertos ad honorem con la premisa que "sea un proceso participativo y federal".

Y, añadió que "el proceso de redacción tiene instancias consultivas con referencias nacionales: ya hubo nueve, que por el protocolo de pandemia fueron virtuales, con sindicatos, organismos y áreas municipales y provinciales que tienen que ver con derechos de infancias y adolescentes, con adultos mayores, personas con discapacidad, organizaciones de la economía popular, feministas y diversidad".

En ese sentido, resaltó que "la campaña Cuidar en Igualdad es el brazo territorial de la redacción del anteproyecto", que va recorriendo las provincias con "rondas de intercambio y debate, con material elaborado en clave de educación popular, donde se va a estudiando cómo fue la organización del cuidado en las distintas dimensiones de la vida, como el ámbito hogareño, pasando por lo barrial y comunitario, lo sindical, el espacio laboral estatal o privado hasta llegar a pensar en clave de política pública, tanto lo vacante o pendiente en cada comunidad o rescatar lo existente".

"En este proceso de debate e intercambio en cada provincia participan todos los sectores, en la mayoría de las provincias coinciden sectorialmente o hay mayor intensidad de participación que en otras", agregó.

Al respecto, Pezzarini distinguió que "en Santiago del Estero, Catamarca o La Rioja hay mucha participación del movimiento campesino, de agencias experimentales del INTA; mientras en el sur hubo participación del sector petrolero, de cámaras empresariales".

"Así, vemos cómo se organizan o resuelven y dan respuestas a demandas de cuidado en distintos ámbitos y etapas de vida, que tienen sus matices; dado que no es lo mismo en el medio urbano, rural, una villa, una localidad pequeña o mediana", añadió.

La directora resaltó que "lo innovador que trae el movimiento feminista, y toma el gobierno, no es solo mirar las políticas públicas que garantizan derechos para etapas de la vida en los que podemos recibir cuidados, independientemente de si tenemos o no ingresos", sino que pone "el foco prioritario en atacar la profunda desigualdad" que se genera en "los sectores populares donde se da una doble feminización que profundiza la feminización de la pobreza".

Al analizar los factores que acentúan esa desigualdad, apuntó que "la pandemia expuso que mujeres de sectores populares salen a bancar la situación, dan apoyo escolar, trabajan en la olla popular y el año pasado fue muy fuerte esto".

En este sentido, la directora de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D'Alessandro, afirmó semanas atrás en una "Reunión de expertas sobre cuidados" que las tareas domésticas y de cuidados representan el 16% del PBI y resaltó que "es el sector más importante seguido por la industria y el comercio" dado que "estas tareas son las que sostienen a todo el trabajo y tejido productivo".

D'Alessandro resaltó la situación de las mujeres al recordar que "este escenario que dificulta compatibilizar la vida familiar y laboral se profundizó durante la pandemia", y sostuvo que "invertir en cuidados es un camino para generar oportunidades".

Al respecto, Pezzarini dijo que con el anteproyecto de ley se busca "no solo mirar el derecho que el estado garantice cuando necesitamos los cuidados, sino proteger socialmente a quienes realizaron estos trabajos históricamente".

"Hay que poner en foco en algo invisible y silenciado por décadas. Ahora hay que jerarquizarlo con formación y, en forma simultánea, poder redistribuir esas tareas entre todas las identidades de género", porque la "matriz cultural es muy fuerte y acentúa la brecha salarial, la dificultad de acceder a un trabajo, de desarrollo" de la mujer, detalló.

Y remarcó que "es un universo que implica con un rol central al Estado, como articulador y regulador", que ahora puede "reorientar hacia una clave igualitaria las políticas públicas".

"Dentro de lo que falta hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo legislativo, infraestructura, certificación, comunicación, dimensión cultural", acotó la funcionaria, y resaltó que para ello los parlamentos territoriales "van generando consensos, diagnósticos situados y dinámicos, y van amansando un sentido, un relato nacional, federal que van abonando acuerdos y pisos comunes para llegar al momento estratégico para elevar el proyecto de ley a la Cámara" de Diputados de la Nación.

Pezzarini consideró que este es un tiempo "auspicioso, es un buen momento político e histórico para dar un salto histórico" en materia de políticas sobre el cuidado. (Télam)