La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizaron hoy, junto a otras organizaciones, un pañuelazo frente a la Legislatura salteña para exigir la nulidad de la causa abierta contra la médica Miranda Ruiz, quien está imputada por haber realizado una interrupción legal del embarazo (ILE), y denunciaron que se trata de “una causa armada”.

“Nosotras, como red nacional, en la que somos más de mil efectores en todo el país, sabemos que es una causa armada porque es una práctica que se da en muchísimos hospitales en todo el país”, expresó a Télam Verónica Cuevas, de la regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

Cuevas explicó que “vamos a continuar diciendo que esto es un derecho ganado, que nosotras estamos para garantizarlo y que nadie más tendría que morir por un aborto inseguro en la Argentina, porque tenemos ley”.

Las afirmaciones de una de los representantes de esta red fueron formuladas hoy, durante un pañuelazo que se concretó frente a la Legislatura salteña, donde pidieron por la nulidad de la causa iniciada a la profesional, que se desempeña en el hospital "Juan Domingo Perón", de Tartagal, a 365 kilómetros al norte de Salta capital.

Cuevas denunció además que hay “grupos que quieren obstaculizar la efectiva implementación de la ley”, y destacó que “más allá de que Miranda es nuestra compañera, es de la red y ha militado la ley, sabemos que esto sería un serio precedente en distintas cuestiones, tanto para los profesionales que garantizan las prácticas como para las personas gestantes que solicitan este derecho”.

“Si la justicia no está a la altura de la letra escrita, este antecedente es gravísimo para la implementación de la ley”, indicó la psicóloga.

Luego, contó que la defensa de Ruiz, a cargo de el abogado Oscar Guillén desde fines de junio último, pidió “la nulidad de la causa, es decir que lo que se está solicitando a la justicia es que se la deje sin efecto, porque se entiende que no ha habido delito, y por las irregularidades en las que se ha ido incursionando a lo largo de la investigación”.

Entre esas irregularidades, Cuevas detalló que “no toman en cuenta pruebas que obran en el expediente”, y dijo que existe “una clara manipulación de la fiscalía, en otras cuestiones que no constituyen pruebas y que tienen que ver con dichos de personas”.

“El fiscal toma versiones para aseverar que ahí se ha cometido delito, cuando en la historia clínica y las declaraciones que hay hasta el momento no aparece que hubiera sido así”, precisó.

En este sentido, adelantó que “le estamos pidiendo al Poder Judicial de Tartagal y de la provincia que dé lugar a esta solicitud”, aunque manifestó que “casi con certeza sabemos que el juez de Tartagal no va a hacer lugar”.

“Entonces, la estrategia jurídica es la de apelar ante el Tribunal de Impugnación de Salta”, adelantó Cuevas, quien recordó que los dos pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa de la profesional fueron denegados, al igual que la apelación del último de estos pedidos.

La médica está imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, por el delito de "aborto sin consentimiento".

Del decreto de imputación surge que la médica habría intervenido en el procedimiento de interrupción de un embarazo de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, "sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento".

La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante.

Ruiz, quien estuvo detenida durante algunas horas en septiembre pasado, luego de ser imputada, aseguró que ella no puede "obligar a nadie a abortar", y destacó que, como médica residente, no actúa sola en casos como este, sino con el aval de la institución, y que la práctica se enmarcó dentro de una interrupción legal del embarazo (ILE).

Los dos pedidos de sobreseimiento presentados por la anterior defensa de la médica fueron rechazados por el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, cuya decisión se apeló, pero en mayo pasado el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, Luciano Martini, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por su anterior defensa.

Luego, Guillén anunció que pedirá la nulidad de la causa.

La ley 27.610 establece que mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen derecho a elegir la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive, sin dar motivos (Interrupción voluntaria del embarazo-IVE). Y solicitar la interrupción legal (ILE) si el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro su vida o su salud.

(Télam)