Representantes de los países participantes en la XV Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, que concluyó hoy en Argentina, se comprometieron a "adoptar marcos normativos que garanticen el derecho al cuidado a través de la implementación de políticas y sistemas integrales de cuidado desde las perspectivas de género, interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos".

En el Compromiso de Buenos Aires reconocieron "el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género".

Y agregaron que debe ser "una responsabilidad compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado".

El principal foro intergubernamental regional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, que este año celebra su 45 aniversario, se inauguró el lunes en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a delegadas y delegados de 30 de países de América Latina y Caribe y de otras regiones, además de representantes de 17 agencias de las Naciones Unidas y de 14 organismos intergubernamentales, y se sumaron parlamentarias de 15 países de la región y más de 750 integrantes de la sociedad civil.

En total sumaron 1.168 participantes, según un comunicado difundido por la organización.

"Saludamos el gran compromiso político acordado en Buenos Aires, que nos permitirá avanzar en políticas concretas para hacer realidad, en toda la región y sus territorios, los derechos y la autonomía de las mujeres, que además permite seguir fortaleciendo la Agenda Regional de Género", dijo Raúl García-Buchaca, secretario ejecutivo adjunto de la Cepal.

"Desde la convicción de renovar nuestras reflexiones a partir de las crisis en cascada que nos interpelan es que la Cepal propone continuar con los esfuerzos feministas de transformación y un profundo cambio civilizatorio: la sociedad del cuidado", agregó, y enfatizó que "el financiamiento de las políticas de cuidado es imprescindible para revertir las desigualdades de género y garantizar los derechos de todas las mujeres".

Por su parte, María-Noel Vaeza, de ONU Mujeres, aseveró que "es durante las crisis que nos tenemos que atrever a soñar. Este encuentro en Buenos Aires ha significado un impulso sin precedentes a un nuevo modelo de desarrollo que estamos promoviendo desde organizaciones feministas y de mujeres, organismos internacionales y parlamentos: la sociedad del cuidado". "Confiamos en que los Estados y el sector privado se sigan sumando a este gran esfuerzo para corregir desigualdades históricas, ayudar a cuidar el planeta y hacer crecer las oportunidades para toda la sociedad, y especialmente las mujeres en toda su diversidad", agregó.

La Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, indicó que, "como argentina y feminista, me enorgullece que el Compromiso de Buenos Aires se sume a la Agenda Regional de Género. Llegamos hasta este día con un recorrido enorme por todo el país, con la convicción de construir colectivamente una posición común que represente todas las voces".

"Desde Argentina asumimos con responsabilidad y alegría el rol que nos toca al ejercer esta presidencia. Tenemos por delante tres años en los que trabajaremos para construir un futuro de igualdad, con desarrollo sostenible y justicia social", remarcó.

Amina Mohammed, vicesecretaria general de las Naciones Unidas, destacó -por video conferencia- el aporte de la Agenda Regional de Género y subrayó que "la distribución desigual del trabajo de cuidados, la ausencia de servicios de cuidados y la falta de reconocimiento del valor social del trabajo doméstico socavan directamente la igualdad de género".

Por último, llamó a los países de la región a "desarrollar sistemas integrales de cuidado y redistribuir tiempo, poder y recursos" para lograr una verdadera igualdad de género, lo que exige adecuado financiamiento.

En el Compromiso de Buenos Aires los países acordaron "diseñar, implementar y evaluar las políticas macroeconómicas, y especialmente las políticas fiscales (ingresos, gastos e inversión), desde un enfoque de igualdad de género y derechos humanos, salvaguardando los avances alcanzados y movilizando los máximos recursos disponibles con miras a aumentar la inversión pública sostenible en el tiempo destinada a políticas e infraestructuras de cuidado, a fin de garantizar el acceso universal a servicios de cuidado asequibles y de calidad".

También se comprometieron a "que las medidas de ajuste fiscal o de recortes presupuestarios dirigidas a enfrentar las situaciones de desaceleración económica se adecúen a los principios de derechos humanos y de no discriminación, evitando especialmente los recortes en programas y apoyos que puedan generar un incremento de los niveles de pobreza y de sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados que afectan a las mujeres". (Télam)