La justicia de primera instancia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó que en 30 días corridos se reglamente la ley que dispone un cupo laboral para personas trans en dependencias del poder judicial porteño.

El juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 21, a cargo de María Soledad Larrea, fundamentó su decisión en legislación local y nacional, informó el sitio i-judicial.

Por un lado, Larrea mencionó la ley 4376 de la Ciudad de Buenos Aires de "política pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI)", que estableció en 2012 «la necesidad de la intervención directa del Estado", para garantizar la igualdad de derechos de manera efectiva.

"Casi un 39 por ciento del colectivo trans padece discriminación laboral, por no acceder a un trabajo o ser objeto de exclusión del mismo debido a su identificación sexual", argumentó la jueza.

Además, indicó que la exclusión laboral "repercute además en otros aspectos inherentes a otros derechos esenciales, como la vivienda y la salud".

La magistrada también mencionó la ley 26.743 de Identidad de Género, y el artículo 38 de Constitución local que "incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas, estimulando la modificación de los patrones socioculturales estereotipados".

Sin embargo, Larrea hizo lugar parcialmente a la cautelar presentada por una mujer transgénero, quien es abogada y fue contratada durante diez meses por la Defensoría del Pueblo porteña, y solicitó una retribución equivalente al cargo de Secretaria Letrada de Primera Instancia, pedido al cual la magistrada no accedió.

"Hacer lugar a tal petición implicaría incurrir en una desigualdad respecto de los demás integrantes del Poder Judicial o incluso de otros grupos sociales que también han tenido protección legal en orden a la lógica de las discriminaciones positivas", argumentó.

Por último, Larrea libró oficios judiciales para al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la Legislatura de la Ciudad, Diego Santilli, la presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg, y los titulares de las tres ramas del Ministerio Público exhortándolos a "dictar las reglamentaciones pertinentes a fin de dar cumplimiento al mandato legal referido".

(Télam)