La jueza María Soledad Larrea ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que le brinde a una mujer en situación de calle, con tres hijos menores de edad y otro mayor desempleado, una "solución habitacional suficiente" que asegure su "derecho a la vivienda", informaron hoy fuentes tribunalicias.

La sentencia, que aclaró que la "solución" a brindar "no podrá consistir en paradores", fijó el plazo de diez días para que el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano cumpla con la orden, que persistirá "hasta que el grupo familiar supere su situación de emergencia habitacional".

La jueza mandó además al Gobierno porteño, debido a la "precaria situación económica del grupo familiar" y "a efectos de superar tal vulnerabilidad social", que le brinde a R.B.E., de 58 años y a su hijo mayor, cursos de capacitación laboral del Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo de la Dirección General de Economía Social de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.

Al promover la acción de amparo, la mujer, quien padece epilepsia, sostuvo que tras el fallecimiento de su esposo, que era quien aportaba recursos económicos, se sumaron los inconvenientes que le generó la pandemia de Covid-19 -dejó de trabajar como ayudante de cocina-, lo que le impidió pagar los 24.500 pesos por mes que le cobraban por dos habitaciones en un hotel de esta ciudad.

La mujer expuso que tiene varios estudios médicos pendientes porque, con la muerte de su marido, perdió la obra social y debe atenderse en hospitales públicos, donde se priorizan los turnos para atender a contagiados del coronavirus.

"Conforme se desprende del informe social -consideró la jueza- la situación de vulnerabilidad del grupo familiar es extrema y la señora E. no cuenta con ningún familiar ni vínculo cercano que pueda ayudarla ante su inestable situación habitacional".

Agregó que "en lo que respecta a sus ingresos, se menciona que la actora no se encuentra trabajando" y solo lo hace de manera "informal, provisoria e inestable" por 600 pesos por día.

Larrea evaluó que si bien la señora E. está incluida en el Programa de Ciudadanía Porteña, por la que recibe un subsidio mensual, la Constitución local establece que "la Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado", por lo que el deber del GCBA "no se encuentra cumplido en su totalidad". (Télam)