Organizaciones sociales pidieron hoy el sobreseimiento de la médica salteña Miranda Ruiz, quien fue denunciada por practicar un aborto, y explicaron que se realizaron pericias dentro de la causa judicial que respaldan a la profesional y dan cuenta de que actuó dentro de la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) vigente en Argentina.

En un comunicado conjunto difundido este sábado, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. la organizaciones afirmaron: "Necesitamos que las y los médicos puedan trabajar y cumplir su rol social sin ser amenazados".

En ese sentido, criticaron a "algunos sectores" del Poder Judicial que "todavía no respetan los derechos de la mitad de la población, en línea con expresiones conservadoras y antiderechos", a pesar de la vigencia de la ley 27.610 de acceso a la IVE/ELE.

En septiembre de 2021 la médica Miranda Ruiz fue detenida en su lugar de trabajo, en el hospital de Tartagal, por orden del Poder Judicial de Salta, imputada por la presunta comisión del delito de aborto, por pedido del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Gonzalo Ariel Vega, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Héctor Mariscal Astigueta.

La médica recibió a una joven que viajó más de 50 kilómetros para pedir la interrupción del embarazo.

En el hospital, fue atendida por un equipo interdisciplinario formado por Ruiz, una trabajadora social y una psicóloga.

Tuvo entrevistas por separado con cada una de ellas, quienes pusieron al tanto además al director del hospital, que constató que la práctica estaba debidamente justificada, detallaron las organizaciones.

Luego del a práctica, la profesional fue denunciada.

"Hay personas que violaron los derechos de la joven: quienes no respetaron su voluntad y trataron de impedir por todos los medios que ejerciera sus derechos. Así, violaron el deber de confidencialidad y fueron más allá al denunciar a Miranda.", aseveraron en el comunicado conjunto.

Consideraron "llamativo" que una causa penal "sin nada que la justifique, avanza en la provincia".

"No está justificada porque todos los pasos para la interrupción del embarazo están constatados y asentados en la historia clínica. Nada justifica que la causa penal siga y que a esta altura Miranda no haya sido sobreseída", agregaron.

Y preguntaron: "¿Qué pasa en el Poder Judicial salteño para que no se ajuste a derecho y busque maneras de dilatar una causa penal? ¿Por qué las sentencias son enviadas a la prensa antes que a las partes?".

Además, explicaron que en los últimos días el juzgado pidió una pericia sobre la historia clínica al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), del Ministerio Público Fiscal, que designó a dos peritos y se sumó un tercero del Servicio Médico del Poder Judicial.

"La pericia fue favorable a Miranda, respaldó lo que ella ya declaró. El fiscal Gonzalo Vega, de Tartagal, sin embargo, aún no pidió su sobreseimiento. No conforme con el resultado, ahora solicita nuevas pericias como una forma de mantenerla sujeta a la causa penal", detallaron las organizaciones.

"Insistimos en que la criminalización del aborto constituye formas de tortura, tratos inhumanos y degradantes", alertaron, y calificaron la situación como "un mensaje amenazante" del Poder Judicial de Salta destinado a profesionales de la salud que cumplen con la ley de IVE/ELE.

El documento está firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels); Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas). (Télam)