Durante la pandemia por coronavirus aumentó el número de interrupciones legales de embarazo (ILE), también la provisión estatal del medicamento que permite la práctica. pero disminuyó seis veces la entrega de preservativos, en un contexto donde las mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos y la violencia obstétrica se incrementó, según una investigación colaborativa que se presentó hoy, realizada en las 24 provincias del país.

El acceso a derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas LGBTIQ+ en todo el territorio argentino "fue dificultado" por la pandemia y el confinamiento, reveló la investigación colaborativa 'Los derechos no se aíslan'.

El informe fue presentado hoy, en concordancia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora mañana.

Fue realizado por periodistas y comunicadoras de todo el país, coordinadas por Chicas Poderosas Argentina, con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar Región Hemisferio Occidental (Ippfrho) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas de Argentina (UNFPA).

"Desde UNFPA Argentina nos interesó acompañar esta investigación federal y colaborativa porque se centró en tener la perspectiva de las usuarias en primera persona en referencia al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y la posibilidad de ejercer sus derechos en un contexto adverso, y cómo fueron superando o no los obstáculos que el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) implicó en todo el territorio", dijo a Télam, Mariana Isasi, oficial de enlace del organismo de Naciones Unidas.

En el documento hay, entre otros recursos, 24 entrevistas a personas que cuentan sus historias en relación al acceso a derechos sexuales y reproductivos.

Una de las revelaciones del trabajo fue que durante la pandemia aumentó el número de procedimientos de ILE en algunas provincias adheridas al protocolo oficial, con respecto al mismo periodo en 2019, pero que sin embargo, siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos.

Laura Charro, periodista santafesina que integró el equipo que tuvo a cargo la investigación para la región Centro, contó a Télam que se hicieron pedidos de informes a los ministerios de Salud de cada jurisdicción para solicitarles datos sobre salud sexual y reproductiva, pero menos del 30% tuvo respuestas satisfactorias.

"Santa Fe es una de las provincias que no respondió, aclarando que se están procesando los datos para darlos a conocer a principios del año que viene, con lo cual en los ítems de la investigación cuantitativa no hay datos oficiales. lo que hay es información de la Red de Socorristas que registraron 152 acompañamientos -para realizar una ILE- de marzo a junio", explicó la profesional.

Añadió que "seguramente son mas, porque no todas las organizaciones de socorristas llevan registros y en Santa Fe hay cuatro".

Otro dato que aportó el informe fue que, aunque este año aumentó la distribución de misoprostol -el medicamento indicado por la Organización Mundial de la Salud para la práctica del aborto- por parte del Estado, el movimiento feminista "sigue siendo el garante del acceso a la ILE".

"Los colectivos feministas tienen cada vez más inserción territorial y son quienes tienen trato directo con las mujeres y personas gestantes con intención de interrupción del embarazo", se destacó en las conclusiones.

A la vez, el estudio reveló que la violencia obstétrica fue "otra de las constantes" que se visibilizaron durante el ASPO y que la pandemia de coronavirus "también afectó la entrega de anticonceptivos: disminuyó seis veces la entrega de preservativos".

Gabriela Ayala, periodista misionera, también parte del equipo de trabajo explicó a Télam que el nordeste argentino (NEA) "es una de las regiones con mayores barreras de acceso a los derechos sexuales y reproductivos".

Misiones "tiene una de las tasas de fecundidad más altas del país de 72,98 por 1.000 mujeres de 15 a 49 años según los Informes Estadísticos Estimación de Población 2019 de la provincia. En 2019, nacieron 177 bebés con madres niñas que no superan los 14 años, esto es, un bebé cada dos días aproximadamente", agregó.

Y además "nacieron 4.017 bebés de madres que tienen entre 15 y 19 años", añadió.

Para Sonia Tessa, coordinadora editorial del proyecto "hay un mapa muy claro de la desigualdad en Argentina. Por el solo hecho de vivir en provincias fuera de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente en la región norte del país, tenés más posibilidades de sufrir violencia obstétrica, no acceder a tus anticonceptivos, a ILEs y a la vulneración general de tus salud sexual y reproductiva si sos mujer o pertenecés al colectivo LGBTIQ+".

Las historias contadas en esta investigación "muestran no solo las desigualdades, sino también el rol del Estado y de los gobiernos provinciales, el acompañamiento de las socorristas, y las deudas hacia sectores vulnerables cuyos derechos fueron afectados en el contexto de la pandemia de COVID-19", resaltó la organización en un comunicado.

"La pandemia sumó barreras a un sistema que ya estaba lejos de facilitar el pleno ejercicio de derechos; y también afectó el derecho a acceder a información pública", resumió Nicole Martin, directora de proyecto.

"Los derechos no se aíslan" se puede conocer en el sitio web www.losderechosnoseaíslan.com .








(Télam)