Madres provenientes de todo el país se movilizarán mañana al mediodía en la Plaza del Congreso para reclamar por una modificación a la ley de salud mental que habilite a los familiares a “realizar las internaciones correspondientes en tiempo y forma en institutos especializados y no en hospitales generales” y que “se instruya al personal policial para poder intervenir en un caso concreto con la preparación y la empatía necesaria”.

“Ya no podemos seguir esperando porque en la espera se mueren nuestros hijos, o están presos chicos que tendrían que estar en tratamiento, porque son enfermos, no delincuentes”, manifestó una de las organizadoras, Lala Maurig, cuyo hijo se suicidó a los 31 años después luchar mucho tiempo contra una adicción.

La otra convocante a esta actividad denominada “#lamadremarcha” es Marina Charpentier, la mamá del cantante Chano, quien se sumó a esta causa a partir de la experiencia con su hijo que en 2021 perdió un riñón y el bazo por una bala policial durante un brote.

“Gracias a este lamentable episodio destapamos una compresa detrás de la que hay un montón de gente que está sufriendo y siente que no es escuchada. Por eso esta #lamadremarcha, es para marchar abrazadas y para demostrarles a los gobernantes y a la sociedad que nos sentimos solas y necesitamos ayuda”, dijo.

Juntas le entregarán un petitorio a la diputada Mónica Fein, presidenta de de la Comisión de Salud.

También las acompañará la diputada Marcela Campagnoli (Juntos por el Cambio) quien en octubre pasado presentó un proyecto de modificación de la ley en el sentido que reclama esta protesta.

Los cuestionamientos a la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, se reavivaron durante las últimas semanas a partir del gran despliegue mediático en torno de la internación psiquiátrica del hijo de Roberto Pettinatto, Felipe (29), tras sobrevivir al incendio del departamento donde se encontraba presuntamente transitando una crisis en presencia de su neurólogo, quien murió en el siniestro.

Frente a esta situación, surgieron también numerosas manifestaciones de defensa de la norma, como la nota que enviaron al Congreso más de 200 organizaciones para advertir que “una eventual reforma (de esta ley) podría significar un grave retroceso en la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial, a la vez que comprometería la responsabilidad internacional del Estado Argentino por violación de los compromisos asumidos”.

Días antes, las 23 provincias del territorio nacional reunidas en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) se expresaron "una vez más de manera conjunta y en unidad a favor de la plena implementación de la Ley 26.657" en todo el país.

Aprobada el 25 de noviembre de 2010, esta norma supuso un cambio de paradigma en materia de salud mental en concordancia con los tratados internacionales y las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la medida en que implica pasar de un modelo "hospital céntrico", tutelar y de aislamiento a otro basado en la atención en hospitales generales y una red integrada por intermedios de base comunitaria (casas de medio camino y de convivencia, centros y hospitales de día, talleres, emprendimientos sociolaborales), la autonomía con apoyos y la inclusión social.

Además, limita las institucionalizaciones, fija un mínimo presupuestario de 10% de los fondos destinados a salud, prohíbe la creación de nuevos centros de encierro (antes llamados "manicomios") y contempla la readecuación de los existentes hacia instituciones polivalentes.

La norma dedica un capítulo -el VII- a reglar las internaciones voluntarias e involuntarias y en relación a estas últimas, el artículo 20 establece que "debe concebirse como recurso terapéutico excepcional" e indica que "solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros". (Télam)