Por Leonardo Grosso, diputado nacional (FdT), presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

La Ley que propone la construcción de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) busca formar, educar y concientizar a la ciudadanía de todo el territorio nacional, en todos los ámbitos de la educación cualquiera sea el tipo de gestión, para todos los niveles. Es una ley fuertemente inclusiva y transversal, dirigida a todas las clases sociales.

Dicha estrategia se llevará delante de manera coordinada y articulada entre los Ministerios de Ambiente y Educación Nacional, y los órganos de mayor jerarquía con responsabilidades en sus competencias, el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Consejo Federal de Educación. Esto representa un nivel de acuerdo, ya que el proyecto fue elaborado y discutido en todas las instancias institucionales tanto ambientales como de la comunidad educativa.

La ENEA será coordinada ejecutivamente entre ambos ministerios, asesorados permanentemente por un consejo consultivo integrado por comunidades campesinas e indígenas, Universidades Nacionales, representantes del Conicet, los gremios docentes, las organizaciones estudiantiles, y Parques Nacionales. La educación ambiental será inclusiva, federal y participativa: las federaciones de cartoneros, los movimientos sociales, las organizaciones de agroecología pueden aportar su perspectiva para fortalecer los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, niños y adolescentes.

Las organizaciones, a través de capacitaciones, talleres y charlas permanentes, asumieron desde siempre la tarea de formar en materia ambiental a nuestra sociedad. La aprobación y reglamentación de la ley pondrá al Estado Nacional y al federalismo argentino a ocupar un rol vital en un contexto donde los recursos naturales son cada vez más escasos: repensar y construir un vínculo social, cultural, económico y político nuevo con el ambiente logrando un modelo de producción más justo y sostenible. Un verdadero cambio de paradigma.

Nuestro proyecto político modificará las currículas progresivamente para que los contenidos de las distintas materias de todos los niveles educativos tengan la perspectiva ecológica y ambiental necesaria para abordar los problemas de contaminación, el acceso al agua potable y el acceso a la tierra, los patrones de consumo y hasta el sistema de producción.

Una de las características fundamentales de esta política educativa con perspectiva ambiental es la protección de nuestra soberanía, de nuestra casa común. Somos parte de la tierra y la naturaleza que habitamos, no somos los dueños.

Los contenidos también serán integrados a la educación superior y el Instituto de Formación Docente. La política ambiental se preocupará no solo de generar niños, niñas y adolescentes más críticos y empáticos con la naturaleza y el medio ambiente, sino que también realizará lo propio con nuestros docentes, los formadores, actores claves en la nueva normalidad.

Nuestro Congreso Nacional aprobó el Acuerdo Regional de Escazú sobre acceso a la información pública en materia ambiental y hoy debatimos como implementar la Ley Yolanda de capacitación ambiental para nuestros funcionarios. Si a eso le sumamos que en el proceso de aprendizaje nuestros jóvenes incorporarán contenidos sobre las problemáticas locales, la agroecología, los modos de producción, llevamos a nuestro país un destino ambiental más justo. Que sea Ley.

(Télam)