La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de la Argentina cuestionó hoy el protocolo de actuación ante denuncias de abuso sexual por parte de clérigos, elaborado recientemente por la Arquidiócesis de Salta, por entender que mantiene “el estado de corrupción”.

Se trata del “Protocolo de actuación ante denuncias por abusos de Niños, Niñas, Jóvenes y Personas Vulnerables por parte de Clérigos” que -según esta red- constituye “una nueva muestra de cómo en la Iglesia Católica se hace lo imposible por mantener el estado de corrupción que impera en materia de abuso sexual eclesiástico”.

El 4 de julio pasado, el Arzobispado de Salta publicó un decreto titulado “Las víctimas son lo primero”, en el que manifiesta su voluntad de acompañar a las víctimas de abusos sexuales perpetrados por ministros de la Iglesia y de cooperar con la justicia penal.

Además, en esa ocasión se comunicó la aprobación del protocolo de actuación ante las denuncias presentadas por presuntos delitos cometidos por clérigos de la arquidiócesis contra niños, niñas, jóvenes o personas vulnerables.

El comunicado publicado hoy por la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de la Argentina, a través de su página de Facebook, indica que el documento de la Arquidiócesis de Salta es “de indudables pretensiones marketineras que pretenden revertir la condena social que se ganó con creces la institución religiosa”.

La Red considera que el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, finge "arrepentimiento y propósito de enmienda" al pedir "perdón a la sociedad salteña”, y que “oculta que él mismo forma parte del sistema de encubrimiento pergeñado meticulosamente por el Vaticano para proteger a los criminales con sotana”.

Asimismo, sostiene que el documento eclesiástico simula “una voluntad republicana respetuosa de los derechos humanos”, que “falsea el verdadero rostro criminal de la Iglesia Católica".

El comunicado señala, luego, que “la existencia de tribunales eclesiásticos, donde curas juzgan curas por delitos comunes, aunque sean considerados también ‘delitos canónicos’, es una aberración jurídica, rémora del medioevo y prueba contundente de la multitud de prebendas legales con que el poder político premia al poder religioso”.

“El Protocolo en cuestión es un acting donde brilla por su ausencia toda referencia al derecho internacional de los derechos humanos. En él surge a borbotones la doblez y la hipocresía episcopal”, expresa el texto, en el que se resalta que el único resultado que traerá “será la manipulación de los denunciantes de abuso sexual eclesiástico y su continua y dolorosa revictimización”.

“En la Iglesia Católica no existirán espacios libres de abusadores sexuales, mientras su funcionamiento institucional se enmarque en el abuso de poder, la denegación de justicia y vulneración de garantías y derechos humanos”, concluye el comunicado publicado hoy.

Salta es una de las provincias con más casos de religiosos denunciados, entre ellos, el ex obispo de Orán, Gustavo Zanchetta, quien por orden del papa Francisco fue trasladado al Vaticano.

Además de Zanchetta, están siendo investigados José Carlos Aguilera, Emilio Lamas, Agustín Rosas, Nicolás Parma, Néstor Aramayo y Abel Balbi. (Télam)