Por Soledad Deza, integrante de la Fundación Mujeres x Mujeres y militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quien logró el sobreseimiento de Belén, la joven que pasó casi tres años en prisión por un aborto espontáneo.

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios parecen imposibles de experimentar si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de las camas.

El reclamo de soberanía sexual que llevaba una historia de más de 30 años en nuestro país, finalmente logró plantar bandera -o pañuelo- dentro del Congreso de la Nación el 30 de diciembre de 2020. Con pandemia, con barbijos, con los cantos de siempre y los nudos del 2018 en la misma garganta, se aprobó la Ley 27.610 que reconoció en la Argentina que abortar es un derecho.

Siempre está la tentación de pensarnos por fuera de las institucionalidades que nos han expulsado y maltratado históricamente, el Estado es una de ellas. Pero que nuestras vidas quepan dentro de las institucionalidades viejas para crear otras institucionalidades menos hostiles, es parte de la lucha feminista y transfeminista. Es otra forma de visibilizar el deseo.

Abortamos desde tiempos inmemoriales. Lo hicimos solas, con amigues, en el hospital, en la clínica, pero siempre con el pudor de sabernos frágiles por decidir aquello que no cuadra con los bordes sociales. Por eso el sabor doblemente dulce de ver al Estado renunciar a la herramienta más violenta para imponer maternidades obligatorias.

Ese día también se resquebrajó un poquito más ese orden sexual jerárquico que venía fuertemente subvertido ya por otras luchas de este sueño que nos propusieron soñar hace no mucho, como fue el que incluyó al matrimonio igualitario y la identidad de género.

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Pero el derecho a abortar molesta igual, y quizás un poco más que los cuerpos desprolijos, esos que no se dejan gobernar por los colores y las formas violentas del patriarcado. Porque al reconocer el derecho al aborto, la sociedad le puso fecha de caducidad a uno de los mandatos más celosamente cultivados por los conservadurismos religiosos: el de la maternidad natural.

De la resistencia del status quo que se sabe perdedor de una gran herramienta de subalternidad de género, vino el laboratorio de judicialización conservadora de la ley que se organizó de distintas formas en cada provincia, pero con un mismo objetivo: impugnar la soberanía reproductiva. Y con matices, tibieza y pocas palabras, el Poder Judicial no se atrevió en la mayoría de las veces a revisar esta conquista.

Claro que los feminismos seguimos en alerta, porque cuando de derechos humanos y justicia social se trata, sabemos que la maquinaria de conservar está mucho más aceitada que la de emancipar. Y ahí estamos -desde donde podemos y de todas las formas posibles- afianzando el acceso a la prestación con exigencias de calidad, porque ya no nos conformamos con limosna sanitaria.

Desde la Argentina y para la región, la lucha por la legalización del aborto ha teñido de verde otras plazas de esta América Latina que reclama a gritos que nuestros cuerpos no son territorios de conquista. Y es que la sanción de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. (Télam)