La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en un plazo máximo de 5 días retome las tareas emprendidas en las 300 viviendas del Barrio Padre Ricciardelli (Villa 21-24) con riesgo eléctrico crítico o alto para subsanar esa situación, y que se presente un plan de trabajo para las que tienen situaciones de riesgo medio y bajo en el sector, informaron hoy fuentes vinculadas a la causa.

En febrero de 2011, la Justicia ya había ordenado a la administración local que revirtiera el riesgo eléctrico al que están expuestas decenas de miles de personas en ese barrio.

En ese momento, la medida judicial impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) dispuso que se implemente un protocolo para responder a emergencias eléctricas y que se elabore un plan de obras, según informó la organización.

Once años después y con una sentencia definitiva incumplida, la Justicia volvió a pronunciarse y le ordenó al Ejecutivo porteño que retome los trabajos en el sector Tierra Amarilla de la ex Villa 21-24.

En el marco de esta causa, el Gobierno porteño realizó en 2018 un relevamiento de las viviendas del sector Tierra Amarilla, concluyendo que de las 706 visitadas, más de 300 tenían un riesgo eléctrico crítico o alto.

Sin embargo, al poco tiempo de iniciada la intervención en el sector, las obras se detuvieron completamente en el contexto de la pandemia, sin retomarse hasta la fecha.

Ante el pedido de ACIJ para que se reactiven de forma urgente, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la CABA dio lugar al pedido y ordenó que en un plazo máximo de 5 días se retomen las tareas en las viviendas con riesgo crítico o alto y que se presente un plan de trabajo para las que presentan situaciones de riesgo medio y bajo en el sector.

Las obras a realizar incluyen la revisión de los tendidos eléctricos y las conexiones domiciliarias y del alumbrado público que garanticen condiciones de seguridad para sus habitantes.

"Si bien esta medida no resuelve el incumplimiento de la sentencia de fondo del máximo tribunal de la Ciudad, obliga al Gobierno a dar una respuesta rápida y efectiva a uno de los sectores más críticos del barrio. La solución al riesgo eléctrico que padecen las y los habitantes de la Villa 21-24 no debe seguir siendo postergada", dijeron de ACIJ en un comunicado. (Télam)