La jueza federal María Eugenia Capuchetti quedó hoy a cargo de una de las denuncias por incumplimientos de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad contra el ex ministro de Salud Ginés González García, por el "vacunatorio VIP" que presuntamente funcionaba en esa cartera. La designación fue tras el sorteo en la Cámara Federal, por las primeras denuncias hechas por Yamil Santoro, José Luis Patiño y Rodrigo Forlenza, y junto con la magistrada interviene el fiscal federal Eduardo Taiano. Capuchetti será quien reciba el resto de las denuncias que se sorteen en el día de hoy y que fueron hechas el día viernes por fuera del horario judicial, por eso se hizo la designación en el primer día hábil. En tanto, el resto de las denuncias que se fueron sorteando, incluida la del fiscal federal Guillermo Marijuan, que actuó de oficio, recayeron en el juzgado federal 6 que quedó vacante con la renuncia del juez Rodolfo Canicoba Corral, el cual es subrogado por Capuchetti. Todas las acusaciones apuntan contra el ex ministro González García y el periodista Horacio Verbitsky, este último quien dijo que el entonces funcionario lo llamó para irse a vacunar contra el coronavirus en el Ministerio de Salud. Otras denuncias recayeron en el juzgado de Ariel Lijo, en el de Marcelo Matínez de Giorgi y en el juzgado 6 que subroga Capuchetti. Más allá de donde cayeron las denuncias, todas se concentrarán en el juzgado de Capuchetti, por ser la primera en recibir alguna de las presentaciones. Una denuncia que fue más allá en cuanto a quienes abarca la presentó el diputado nacional de Juntos por el Cambio Jorge Enriquez, que incluyó en su denuncia al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a González García y a la flamante ministra Carla Vizzotti. "Se han usado recursos públicos para favorecer a los amigos, mientras cientos de miles de adultos mayores y otros grupos de riesgo siguen sin estar vacunados", afirmó Enriquez. El legislador denunció a los tres por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de bienes. "Es una vergüenza que merece una rápida investigación judicial y la imposición de las penas correspondientes, ya que de otro modo el mensaje es que quien gobierna está por encima de la ley. El Estado de Derecho significa lo contrario", argumento el diputado por la ciudad de Buenos Aires. SOF/CJ NA