El Arzobispado de Mendoza sancionó al sacerdote Jorge Portillo, a quien declaró culpable por el caso de abuso sexual cometido en el Monasterio Cristo Orante de Tupungato, en el expediente que había abierto en su contra por el delito canónico de "abuso de conciencia".

La condena recaída sobre el sacerdote consiste en la prohibición por el término de cinco años del "ejercicio presencial o virtual del ministerio presbiteral, lo cual incluye expresamente presidir celebraciones eucarísticas u otras sacramentales, con participación de fieles; el ejercicio del ministerio de la palabra en cualquiera de sus formas; el dictado de cursos o charlas o conferencias doctrinales o catequísticas", según informó hoy la agencia Aica.

En tanto, en un comunicado de prensa, el Arzobispado de Mendoza señaló que también la condena canónica comprende la prohibición de ejercer "la dirección espiritual; el acompañamiento de procesos vocacionales; el desempeño de cargos en la Iglesia y la constitución de asociaciones de fieles en vistas a la vida consagrada así como el ejercicio de cualquier forma de autoridad en ellas".

"Queremos ratificar nuestro compromiso con el doloroso pero imprescindible camino de la verdad y la justicia en la Iglesia, profundizando la dimensión preventiva respecto de cualquier tipo de abuso en nuestras estructuras, actividades y servicios, así como el cuidado de toda persona vulnerable", finalizó el comunicado.

El tema salió a la luz el 27 de diciembre de 2018, cuando dos sacertotes identificados como Oscar Portillo y Diego Roqué Moreno, fueron detenidos, acusados de abuso sexual en contra de un exseminarista en el Monasterio Cristo Orante, ubicado en Gualtallary, departamento de Tupungato (Valle de Uco), unos 120 kilómetros al sudoeste de la capital mendocina.

Tras las detenciones de los dos religiosos, el Monasterio del Cristo Orante, fue cerrado "preventiva y provisoriamente", por el Arzobispado de Mendoza, debido a las denuncias de abuso sexual sobre los dos sacerdotes que estaban a cargo.

Los religiosos fueron imputados en la Justicia penal por delitos contra la integridad sexual que van desde abuso simple, hasta abuso agravado por acceso carnal con perversión de menores, y los hechos que se investigan habrían ocurrido entre 2009 y 2015, cuando la supuesta víctima era por entonces menor de edad.

(Télam)