La Unidad Fiscal Federal de Derechos Humanos de Resistencia confirmó hoy que solicitará a la jueza federal Zunilda Niremperger la realización del juicio por la verdad "oral y público" sobre la matanza de aborígenes qom y mocovíes que ocurrió el 19 de julio de 1924, conocida como la Masacre de Napalpí.
Los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal "ad hoc" Diego Vigay iniciaron una investigación de oficio y para este juicio por la verdad requieren el pedido de exhumaciones por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense debido a la probable existencia de fosas comunes en el lugar que hoy se conoce como Colonia Aborigen, a 120 kilómetros de Resistencia.
Vigay informó que la investigación iniciada en mayo de 2014 "incluye la toma de testimonios a sobrevivientes de la Masacre como los ancianos Pedro Balquinta y Rosa Grilo y el registro audiovisual de la abuela Melitona Enrique. Y así también la declaración de los hijos de Melitona y Rosa Chara, construidos a partir del relato oral de sus madres".
En el acta de apertura de la investigación los fiscales consideraron que "en el caso particular de los delitos de lesa humanidad, la valoración del daño padecido por las víctimas de estos delitos y los efectos en las generaciones sucesivas, implican una experiencia subjetivante, que apunte a restituir la dignidad de los sujetos o comunidades como parte fundamental del proceso de reparación integral".
Por ello entendieron "necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades, saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes, y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución".
Creen que así se podrá "demostrar el carácter sistemático y señalar a quiénes se han favorecido y beneficiado con estos hechos de violencia, para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas".
"Entendemos que la reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas", añadieron.
También indicó que "se incorporó al expediente judicial un cúmulo muy importante de documentos históricos que fueron aportados por instituciones provinciales y nacionales como las Memorias y de los Informes de la Comisión Honoraria de Reducciones del Ministerio del Interior de la Nación, los legajos del entonces gobernador Fernando Centeno y del comisario Diego Uribarrie, jefe de Policía Territorio Nacional del Chaco", así como de numerosas investigaciones históricas del caso. (Télam)