La Corte Suprema le ordena a la justicia de San Martin aceptar una demanda contra una prepaga

La Corte Suprema de la Nacion ordeno a la justicia federal de San Martin que acepte una demanda contra una empresa de medicina prepaga, para que cubra los gastos de internacion en un geriatrico de una mujer que vive en ese partido del conurbano

Argentina 30 de julio de 2020 Agencia Télam
La Corte Suprema de la Nación ordenó a la justicia federal de San Martín que acepte una demanda contra una empresa de medicina prepaga, para que cubra los gastos de internación en un geriátrico de una mujer que vive en ese partido del conurbano bonaerense, informó hoy el Tribunal.
Por mayoría, la Corte resolvió que "por razones de economía y celeridad procesal" una "cuestión de competencia", luego de que tres juzgados de primera instancia, dos de esa localidad y uno de la Ciudad de Buenos Aires, se negaran a tramitar el "amparo de salud" iniciado hace un año por la hija de M.C.L. y G. contra Swiss Medical S.A.
La demandante, en representación de los derechos de su madre, reclamó que la empresa de medicina prepaga "cumpla con el pago de los aranceles" del geriátrico donde está internada la mujer, tal como establece la legislación vigente -leyes 22.431, 24.901 y 26.682-, y distintas resoluciones del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La mujer se encuentra en la Residencia Geriátrica "Villa Borghese", ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando.
La mayoría de la Corte consideró que el planteo "exige determinar la pertinencia de la cobertura requerida y, por ende, del reintegro de los gastos oportunamente realizados, lo que conduce al estudio de las obligaciones" que las leyes imponen a las empresas de medicina prepaga.
En un fallo firmado por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti ordenaron que el trámite prosiga ante el juzgado Federal 1 de San Martín.
En disidencia el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y la vicepresidente, Elena Highton, se opusieron a la intervención directa de la Corte ya que, según sus criterios, el conflicto de competencia debía que ser resuelto por la Cámara Nacional en lo Comercial, porque a ese fuero pertenece el primer magistrado que rechazó tramitar la acción de amparo. (Télam)
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