La Corte de Justicia de Salta ratificó la orden al gobierno provincial de tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la salud de niños y adolescentes de comunidades originarias de los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín, del norte salteño, informaron hoy fuentes judiciales.

El fallo mantuvo vigentes dos medidas cautelares conexas: una presentada por la Defensoría Nacional de las Niñas, Niños y Adolescentes, que encabeza Marisa Graham, y la otra la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Comisión Directiva Wichi de la Misión La Loma.

En su presentación, la Defensoría calificó a la situación de los niños indígenas del norte salteño como alarmante e solicitó intimar a los titulares de los ministerios de Salud y Desarrollo Social a comunicar las dependencias que gestionarán los medios para atender las situaciones de emergencia sociosanitaria, vinculadas a desnutrición y deshidratación.

Al respecto, la Corte salteña destacó la necesidad de que el Estado provincial tome acciones en cuestiones de salud y, en particular, de salud alimentaria, acceso al agua y una atención oportuna y adecuada.

El máximo tribunal decidió mantener esa cautelar y fundamentó que, para decidir, la magistrada interviniente tuvo en cuenta la situación de urgencia y emergencia sanitaria de la zona y su vulnerabilidad multicausal e interseccional.

En relación a la cautelar presentada por ACIJ y la Comisión Directiva Wichi de la Misión La Loma, el Gobierno salteño había apelado la decisión que le ordenaba designar facilitadores culturales en los hospitales de los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín, en Salta Capital, y en albergues para la contención de niños indígenas y sus familias.

Pero la decisión de la Corte fue mantener ese amparo. Entendió que el magistrado interviniente se basó en la Ley provincial de Salud Intercultural Nº 7856, la cual dispone la figura de facilitadores interculturales bilingües entre el sistema de salud y el paciente originario.

Esa norma establece que se le debe asegurar albergues de tránsito que brinden hospedaje, manutención y acompañamiento integral al paciente originario y a su familia, mientras dure su permanencia y por motivos estrictamente vinculados a la atención de su salud.

Para la organización Infancia en Deuda (IED), la medida solicitada por ACIJ y la comunidad wichi busca terminar con los obstáculos en el acceso a la salud que enfrentan comunidades originarias.

En tanto, la Defensoría Nacional informó hoy que reiteró a la Corte salteña que convoque a la audiencia -solicitada el 22 de mayo-, ante lo que consideró el agravamiento de la situación de los niños y adolescentes indígenas que residen en el norte de la provincia. Además llamó a conformar una mesa interministerial para abordar la cuestión. (Télam)