Iron Mountain, el incendio que costo la vida de ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil

El 5 de febrero de 2014 el incendio y derrumbe del depósito de la firma Iron Mountain -empresa dedicada al almacenamiento y destrucción de archivos- dejó un saldo de ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil muertos en el barrio porteño de Barracas, y ningún culpable por el hecho.
A las 8.15 de ese día las llamas ya habían tomado la totalidad del depósito de documentación situada en Azara y Jovellanos, donde varias dotaciones acudieron y diez bomberos y rescatistas se encontraron con que el portón estaba herméticamente cerrado.
Mientras esperaban órdenes y evaluaban la situación, una gigantesca pared de más de diez metros de alto se derrumbó sobre la vereda, consumida por las llamas que superaban con creces esa altura.
El incendio en el depósito de la empresa provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder ante la alta temperatura y derrumbara la pared de la calle Jovellanos a la que se encontraba empotrada.
Como consecuencia, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo, de Defensa Civil.
Iron Mountain, una firma multinacional con sedes en diversas partes del mundo, dedicada al archivo y digitalización de documentación, poseía en el depósito de Barracas un sistema contra incendios, cámaras de seguridad y aspersores que debían funcionar ni bien se activaran los primeros focos.
El pasado 29 de diciembre la Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos de doce exfuncionarios del Gobierno porteño -por entonces a cargo de Mauricio Macri- y cinco directivos de Iron Mountain por el incendio.
En aquel fallo, la Cámara del Crimen aclaró que no se expedía sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los "defectos" de la instrucción del sumario y sostuvo que los procesamientos ordenados en febrero de 2018 habían sido dispuestos luego de una "grotesca" y "deficiente investigación", por lo que le ordenó al juez Pablo Ormechea dictar una nueva resolución.
Tras el fallo, los familiares de las víctimas esperan un nuevo pronunciamiento de la justicia que determine quiénes fueron los responsables y si se trató de un hecho intencional.
A siete años de la tragedia, los familiares manifestaron su deseo de que "el juez redacte un nuevo fallo con las garantías de la ley", y aseguraron que "hay pericias que demuestran que no fue un accidente".

(Télam)