Por Jorge Meza, Oficial Superior de Políticas para América Latina y el Caribe, representante de la FAO ad interim en Argentina y en Uruguay.


América Latina y el Caribe enfrenta importantes desafíos para la seguridad alimentaria de la población. La desaceleración económica, la crisis climática, la pandemia de Covid-19, y el reciente conflicto en Ucrania han producido efectos profundos en los sistemas agroalimentarios y la alimentación.

Durante 2022 llegamos a los niveles más altos de los precios internacionales de alimentos y actualmente enfrentamos un ciclo inflacionario que afecta principalmente a los sectores más vulnerables que gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos.

El Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2022 publicado por FAO y otras agencias de Naciones Unidas esta semana, lanza luz sobre un tema adicional vinculado a la falta de acceso a la alimentación de millones de familias en el mundo: el de que una alimentación saludable es aún más difícil de obtener y es un factor que amplía la desigualdad de ingreso.

El informe concluye que la región registra el costo de la dieta saludable más alto en comparación al resto del mundo. El costo de esta dieta alcanza los US$ 3,89 por día y persona en la región, mientras que el promedio mundial es de US$ 3,54. En Argentina el costo de una dieta saludable en 2017 era de US$ 3,34.

El informe muestra a su vez cómo el aumento de los precios internacionales de alimentos y la inflación alimentaria afecta el acceso económico a alimentos nutritivos en especial de la población más pobre a quién el costo de la alimentación es 5 veces más alto en el ingreso que de la población menos pobre, deteriorando la seguridad alimentaria. Además, concluye que existe una asociación entre la falta de acceso económico o asequibilidad de una dieta saludable con los niveles de pobreza, desigualdad de ingreso y el crecimiento económico de los países; así como con los niveles de hambre y otras formas de malnutrición.

Es por esto que son muy importantes los mecanismos de protección social como una de las opciones políticas que tienen los gobiernos para reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos. Argentina implementa el Plan Argentina contra el Hambre (PACH), creado antes de la pandemia de la Covid-19 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de toda la población.

Uno de los mecanismos que incluye ese plan es la Tarjeta Alimentar, una transferencia de efectivo concedida a hogares social y económicamente vulnerables para garantizar que tengan acceso económico a una gama diversa de alimentos - excluidas las bebidas alcohólicas - y para mejorar el acceso a alimentos nutritivos, especialmente en hogares con niños y niñas de hasta 14 años.

Como complemento a esta política, la FAO presentó junto al Ministerio de Desarrollo Social y la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), el estudio "Percepciones y estrategias en el proceso de compra de alimentos y bebidas en hogares que reciben la Tarjeta Alimentar en seis provincias de la Argentina durante el 2021", el cual buscó identificar las diferentes prácticas que los hogares despliegan movilizando los capitales (económicos, simbólicos y culturales, entre otros) para lograr satisfacer la alimentación cotidiana de sus miembros.

La FAO también ejerció un papel clave en el apoyo de la agenda de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en Argentina, junto con UNICEF y OPS/OMS, promoviendo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable sancionada en octubre de 2021, la cual contempla el etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases de productos alimenticios y por ende, informa mejor a los consumidores sobre la densidad energética y el valor nutricional de los mismos. Esta es una ley fundamental considerando que el país tiene la tasa más alta de exceso de peso en menores de 5 años de América Latina, habiendo registrado un 12,9% durante 2020, según los datos del Panorama Regional 2022.

Cabe mencionar el trabajo realizado entre la FAO y los mercados concentradores de alimentos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Sagyp) y la provincia de Buenos Aires, en pos de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de esos espacios, pero sobre todo para concientizar sobre el rol clave de estos actores, para disponer de alimentos más nutritivos.

El Panorama 2022 propone acciones coordinadas relacionadas con la producción, comercialización y consumo de alimentos saludables, incluyendo frutas y verduras. Hace referencia a la necesidad de invertir para mejorar la producción de alimentos nutritivos y fortalecer la comercialización de los productos de la agricultura familiar que contribuyen a las dietas saludables. (Télam)