El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, confió hoy en que Argentina pueda contar con "una nueva ley de discapacidad antes de fin de año" y señaló que para eso se trabaja y dialoga con legisladores y referentes de distintos espacios políticos.

En declaraciones que realizó desde la Casa Rosada a canales de televisión de Mar del Plata, Córdoba y Chaco, el funcionario explicó que la iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, ingresará al Congreso Nacional como proyecto en agosto y abogó para que en el parlamento tenga su normal recorrido en las comisiones y que los distintos sectores "nos acompañen en el debate para una nueva ley de discapacidad antes de que concluyan las sesiones ordinarias".

El nuevo proyecto, destacó, "representa la nueva mirada de la sociedad hacia las personas con discapacidad, una mirada en donde se piensa y se ve en la persona como un sujeto de derecho de manera íntegra".

Galarraga aseguró que "se trata de que la legislación argentina se armonice con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI, que nuestro país ratificó".

"La ley vigente es una ley de la dictadura, que tiene un modelo eminentemente médico, que ve a la persona como alguien que necesita cuidados, que pone el énfasis más en lo que no tiene, que en lo que puede desplegar y desarrollar", dijo el periodista y docente.

Por eso, afirmó que la nueva normativa debe "dejar atrás esa mirada y reflejar un modelo social, que fundamentalmente determine cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado por un lado pero también todos los sectores de la sociedad".

En ese sentido, indicó: "Las personas con discapacidad interactúan todos los días en su vida cotidiana con barreras, con estigmas, con prejuicios que tenemos que erradicar y esta ley va a ser un paso muy significativo en esa transformación social y cultura que tenemos que dar para incluir a las personas con discapacidad en nuestra sociedad".

"Estamos concluyendo un proceso que se inició el 1 de marzo, con un espacio de diálogo con todos los sectores, en el que más de 10 mil personas participaron en las audiencias públicas, jurisdicciones de distintas provincias impulsaron foros, nosotros en nuestra plataforma recibimos casi 4.000 aportes de profesionales, de familiares. La verdad es que ha sido mucha la participación", acotó.

Galarraga aseguró que la nueva ley será "un hito más en la construcción de una Argentina con inclusión y con menos desigualdad y con una mirada hacia las personas con discapacidad como sujetos de derecho".

Entre los principales puntos de la nueva norma, consideró que "toda la ley tiene que estar permeada por esta perspectiva de modelo social".

"Además, necesitamos que clarifique un poco los roles. El Estado es el garante y asumimos plenamente esa responsabilidad pero también tiene que participar la sociedad en general", precisó el director de la Andis.

Galarraga señaló que hay que dar "pasos hacia la construcción de una educación con más inclusión, y para eso hay que trabajar en capacitación, en accesibilidad, en la incorporación de la discapacidad en los contenidos".

"Y una demanda muy fuerte es como vamos a garantizar mecanismos de control para que todo esto que vamos a escribir en la ley pueda ser cumplido, porque necesitamos que lo que dicen las leyes y los tratados internacionales tengan un impacto real en la vida de la gente. Lo que queremos aportar es que la nueva ley no solo ratifique la decisión de garantizar los derechos que marca la ONU, sino que diga cómo", añadió.

Galarraga recordó que todo el trabajo federal para escuchar a sectores de todo el país con sus demandas y propuestas se basa en el proyecto que anunció el 1 de marzo el presidente Alberto Fernández, cuando abrió las sesiones legislativas nacionales.

De esos aportes, añadió, surgen temas centrales como el de la "educación más inclusiva", dado que hoy en Argentina "conviven dos sistemas paralelos: el sistema de educación especial y el sistema de educación común".

Galarraga propuso que "esos sistemas se combinen y se transformen en uno solo", al entender que de esa manera "se podrá generar oportunidades de inclusión real en el aula en todos los niveles educativos" y advirtió que "la inclusión laboral es otra gran deuda que tenemos con la discapacidad" dado que "hoy 8 de cada 10 personas no trabajan". (Télam)