Gabriel Gersbasch, pareja de Octavio Romero, el prefecto asesinado en junio de 2011 después de anunciar su casamiento, destacó hoy el compromiso del Estado argentino para formar y darle perspectiva de género a las fuerzas federales de seguridad, como parte de la solución amistosa acordada a partir de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gersbasch dijo a Télam que el acuerdo “es muy positivo, abre puertas y trae un poco de calma a un dolor de muchos años, es un intento de que esto no se repita".

"Recuerdo que después de lo de Octavio, me llamaron otros chicos de Prefectura que fueron amenazados y les dijeron ‘vas a terminar como Octavio Romero’; como ni sabían quién era él, lo googlearon y me encontraron a mí. Les conté lo que había pasado y les recomendé que salgan del closet de manera pública, porque yo creo que si, en su momento, Octavio hubiese ido a los medios, quizás no se hubiesen animado a matarlo”, explicó.

“Es un acuerdo muy completo porque incluye la realización de un documental y educación para las fuerzas de seguridad; en once años hay cosas que cambiaron muchos y hoy vemos en los dibujitos animados la bandera del orgullo, pero necesitamos que en las fuerzas de seguridad, en las que trabajan miles de personas, haya condiciones de respeto a la diversidad y espero que esto marque un camino hacia el respeto y la tolerancia”, apuntó.

Gersbasch afirmó: “Estoy muy conmovido, me costó un montón porque en estos años me pasaron muchas cosas negativas porque yo no sabía cómo funcionaba el Poder Judicial ni lo que me podía llegar a pasar o a tocar vivir, me dolieron muchísimo los allanamientos a mi casa y a las de mis padres, no me quejo de las diligencias que tienen que ocurrir, sino se las formas agresivas con las que se dieron y que dolieron del mismo modo que el maltrato o a veces el olvido que hubo del caso quizá porque la víctima era gay”.

“El día que me entero de la aparición del cuerpo de Octavio yo llevaba dos horas declarando en el departamento de Policía y cuando salgo me entero por los canales de noticias; quise que me confirmen si se trataba de él, porque los medios decían ‘apareció el prefecto’, pero ni la policía ni sus jefes en Prefectura me decían nada”, recordó.

La pareja de la víctima resaltó que “Octavio era un divino, un ser de luz, y que le pasara algo así te deja sin palabras, no podía entender que alguien tan amoroso y tan amigo de todos pudiese tener enemigos; veo muy complicado que la causa judicial avance porque pasaron muchos años y los que eran jefes de Prefectura en ese momento en Puerto Madero ya deben estar en otros destinos en distintos rincones del país o bien jubilados; para mí el asesinato estuvo a cargo de un grupo de tareas y no a cargo de una o dos personas, porque tuvieron que secuestrarlo, torturarlo, asesinarlo y subirlo a una embarcación”.

“Estoy muy agradecido a Pedro Paradiso Sottile y a César Cigliutti, también a ACIJ y a los chicos con los que iba todos los años a la fiscalía para ver si había alguna novedad”, completó Gersbasch.

Por su parte, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, consideró que el asesinato de Romero tuvo “una respuesta judicial absolutamente deficiente”, y agradeció “a Gabriel, por su lucha y a todos los peticionarios por la confianza en este espacio de diálogo”.

“Creemos y valoramos la solución amistosa como herramienta, este es el primer acuerdo por diversidad sexual en fuerzas de seguridad en todo el sistema interamericano y tiene la particularidad de las responsabilidades que asume el Estado argentino en la falta de debida diligencia de la investigación judicial y para fortalecer las herramientas de investigación en futuros casos”, destacó.

Por su parte, la directora adjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Celeste Fernández, señaló que las fallas en la investigación del asesinato de Romero “se inscriben en un sistema de justicia heteropatriarcal que reproduce prácticas estereotipadas y discriminatorias que impiden el esclarecimiento de los hechos, erosionan la justicia y dan el mensaje que estos hechos pueden quedar impunes”.

“El acuerdo es un cierre, pero también el punto de partida de una nueva etapa en la que el estado se compromete a apoya la investigación transparente con perspectiva de derechos humanos y diversidad en un acuerdo que suma garantías de no repetición que son muy importantes”, valoró. (Télam)