La Fiscalía de Estado del gobierno de Río Negro formalizó la denuncia en la justicia federal y se constituyó como querellante por los ataques incendiarios ocurridos a principios de octubre en las instalaciones del predio de Vialidad Rionegrina de Bariloche y de la Oficina de Turismo de El Bolsón, informó hoy el gobierno provincial.

Según el comunicado difundido esta mañana, los incendios fueron "ejecutados coordinadamente la misma noche y de confeso contenido violento e intimidatorio".

La denuncia fue realizada "por expresas instrucciones de la Gobernadora de la Provincia, Arabela Carreras, y en representación del Estado Provincial", añadió el texto.

En ese marco, se aclaró que "el 3 de octubre, entre las 21:30 y las 23:30, un grupo de personas ingresaron por la fuerza a un predio de Vialidad, maniataron a sus ocupantes, y luego incendiaron la casa que se utiliza como residencia y maquinarias de trabajo".

"Los autores del hecho dejaron en el lugar una amenaza dirigida a la Gobernadora de la Provincia y a otras autoridades provinciales", afirmaron.

Asimismo, el gobierno detalló que "la misma noche, autores anónimos incendiaron las oficinas de Turismo de la Provincia en la ciudad de El Bolsón", y que la policía que examinó el lugar "encontró un bidón de plástico presumiblemente con combustible".

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En el comunicado también se aclara que "la Provincia de Rio Negro sostuvo enfáticamente su vocación de respeto a la diversidad cultural y el pleno reconocimiento de los derechos de las comunidades de pueblos originarios, en un todo de acuerdo con lo normado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derecho de Humanos".

En ese sentido, manifestaron que "el Estado Provincial dialoga institucionalmente con todas las comunidades en el marco del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, el respeto a su identidad y a la propiedad comunitaria de las tierras".

Y se informó que "la Fiscalía de Estado sostuvo que el Estado no puede tolerar bajo ninguna de sus formas los actos de violencia, ni mucho menos las organizaciones que procuran imponer sus ideas por medio del terror".

Desde el gobierno encabezado por Arabela Carreras se aclaró que "los hechos que se denuncian implican, no sólo un ataque a la institucionalidad de la Nación y la Provincia, sino que además ponen en riesgo la convivencia social y la paz de todos los vecinos".

Finalmente, el comunicado oficial remarca que "un dato clave es que con posterioridad a los hechos, se difundió un comunicado de un grupo identificado como "R.A.M.-M.A.P. - U.A.L. Nahuelhuapikeche", en el cual reivindicaron los atentados ocurridos, mediante un mensaje intimidatorio y violento, que de modo alguno representa al Pueblo Mapuche y que deben ser sancionados con el máximo rigor del Código Penal".

Finalmente, la provincia de Rio Negro sostiene: "Estamos frente a una organización cuyo objetivo es promover una lucha insurreccional contra el Estado Argentino y su Constitución Nacional, que procura imponer mediante la violencia y el terror sus ideas, apartándose del acuerdo constitucional que nos vincula como hombres y mujeres en sociedad".

En tanto, la Fiscalía de Estado enfatizó que "la gravedad institucional de los hechos denunciados implican delitos de competencia federal, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 213 bis del Código Procesal Penal, por lo que solicitó una exhaustiva y esclarecedora investigación por parte de la Justicia Federal". (Télam)