El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego fijó para el próximo jueves 3 de junio a las 15 el inicio de los alegatos en el segundo juicio por trata de personas del caso de Alika Kinán, considerada la primera víctima de este delito en el país querellante contra sus propios captores, confirmaron a Télam fuentes judiciales.

El proceso comenzó el 17 de mayo y los jueces Guillermo Quadrini, Mario Reynaldi y Alejandro Ruggero habían establecido el miércoles 26 como fecha de inicio de las exposiciones de la querella, la fiscalía y la defensa de los acusados.

Sin embargo, las restricciones sanitarias derivadas del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por la pandemia de coronavirus, obligaron a las autoridades a posponer ese acto hasta la semana próxima, explicaron los voceros consultados.

En octubre de 2012, Kinán fue una de las siete mujeres rescatadas del prostíbulo Sheik de la ciudad de Ushuaia que luego de aceptarse como víctima del delito de trata se animó a ser querellante contra sus explotadores.

Con el tiempo se convirtió en una conocida activista contra la trata y la prostitución, creó una fundación y recibió reconocimientos a nivel nacional e internacional.

La Justicia ya condenó en 2016 a tres personas en esta causa, pero en 2018 la Cámara Federal de Casación Penal decidió que debía realizarse un nuevo juicio para evaluar si corresponde la aplicación de penas mayores a los imputados.

Hasta el momento, Pedro Montoya, dueño del prostíbulo, recibió una condena de 7 años de prisión, mientras que Ivana García, pareja de Montoya, y Lucy Alberca Campos, la encargada del local, fueron sentenciadas a tres años de prisión en suspenso.

Según Casación, los jueces de 2016 no consideraron, en el caso de Montoya, su participación en una organización delictiva de tres o más personas, y en el caso de García y Alberca Campos, que no fueron partícipes secundarias, sino coautoras del delito de trata.

Además, pidió revisar la indemnización económica dispuesta en favor de Kinán (de la que debe hacerse cargo el Municipio de Ushuaia como organismo habilitante del cabaret) al considerar que los $780.000 dispuestos durante el proceso se basan en un período de explotación de la víctima de dos semanas, cuando en realidad fue de dos años.

Durante las audiencias del segundo juicio no declararon las víctimas nuevamente y se incorporaron por lectura los dichos de varios de los testigos.

Lo mismo sucedió con gran parte del cuadro probatorio derivado de las tareas investigativas llevadas adelante por personal de Gendarmería Nacional, los allanamientos (al prostíbulo y la vivienda de los acusados) y la documentación aportada por el Municipio en relación a las libretas sanitarias exigidas a las mujeres para trabajar en el local.

En cambio, volvieron a prestar declaración indagatoria los tres acusados y se aceptaron algunas pruebas a propuesta de sus abogados defensores. (Télam)