Un Tribunal de Entre Ríos extendió hasta febrero del 2023 la prisión preventiva domiciliaria del intendente de la localidad de Gilbert, procesado por abuso sexual contra tres empleadas municipales y denunciado por varios hechos similares, cuando comenzará el juicio en su contra, informaron hoy fuentes judiciales.

El acusado es Ángel Fabián Constantino, que tomó licencia con goce de haberes a casi 10 meses de haberse conocido la primera denuncia y luego del pedido en ese sentido del Partido Justicialista (PJ), el Concejo Deliberante local y múltiples organismos y asociaciones.

Incluso, el gobernador Gustavo Bordet había enviado a la Legislatura un pedido de intervención, que quedó sin efecto ante la decisión del intendente.

Constantino enfrentará un juicio por tres hechos de "abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia laboral y de género"; otra causa por lesiones leves luego de haber golpeado a otro trabajador municipal, y también se conocieron otros casos de abusos y violencia.

A pesar de no poder acercarse, ni tener contacto con las víctima, sus domicilios o lugares de frecuencia, ni familiares y allegados de las mismas, el intendente recibió numerosas denuncias por incumplir esas medidas, por lo que permanece con prisión domiciliaria.

"No necesariamente tenía que decirle explícitamente 'no vayas a declarar': al ser una persona importante, la mera presencia y libertad de él era una situación de intimidación", dijo a Télam la fiscal Martina Cedrés.

Gilbert es una localidad de no más de 1.100 habitantes ubicada a unos 75 kilómetros de Gualeguaychú, en el sureste de Entre Ríos.

"Es un pueblo chico", remarcó la fiscal, y al ser el intendente el acusado, una "figura importante, hay gente que depende de las ayudas de la municipalidad y existió ese miedo" a declarar.

"Hay otras personas mayores de edad pero no quisieron radicar (la denuncia porque) es un pueblo, muchos se conocen y hay un miedo subjetivo de un juicio de valor, pero toda víctima tiene su tiempo subjetivo", explicó.

Además, Cedrés precisó a Télam que el funcionario realizó actos de exhibicionismo, aunque no se pueden iniciar causas judiciales ya que no está tipificado en el Código Penal como delito, aseguró.

"Lamentablemente no llega a ser ni delito de exhibición obscena, ni abuso sexual", explicó, aunque será tenido en cuenta "como testimonio".

Todo eso, consideró la fiscal, "da un panorama de su forma de manejarse con las mujeres: con conductas sexuales sucesivas, intimidación, y acoso, porque cuando ha tenido la oportunidad con sus compañeras, sabemos que las ha tocado".

Por ello pidió que Constantino continúe con prisión domiciliara y medidas de restricción hasta el lunes 6 de febrero del 2023, cuando comenzará el juicio que tendrá 10 audiencias en la que pasarán numerosos testigos.

Asimismo, uno de los abogados defensores, Fabián Otarán, manifestó que "se está demonizando" al acusado por la "gran gran trascendencia pública" del caso, que "goza del principio de inocencia y de una magistratura" (la intendencia) que tiene por soberanía popular.

En ese marco, los jueces de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal de Concordia dieron lugar al pedido fiscal y Constantino deberá seguir en prisión domiciliaria.

Respecto al juicio, la fiscal adelantó a Télam que solicitará 18 años de prisión efectiva contra Constantino, y que "se lo va a condenar" ya que el caso "es sólido". (Télam)