La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, afirmó hoy que "se necesita una unidad especializada en política criminal en violencia de género" que se ocupe de diseñar lineamientos a seguir una vez que se recibe en fiscalía una denuncia penal por ese tipo de delito.

"No estamos planteando que falta legislación (sobre violencia de género) sino perspectiva en los operadores judiciales cuando deben intervenir en el tema", explicó a Télam la ministra.

Díaz precisó que esa unidad especializada "se necesita para que conduzca la política y determine qué hacen las fiscalías cuando hay una denuncia de violencia".

"Hoy tenemos 9 fiscalías especializadas en violencia de género que trabajan de muy diversa manera, y a veces sin tener personal especializado en la materia", graficó.

La funcionaria contó que la creación de esta unidad, dentro del Ministerio Público provincial, "fue planteada en la mesa interpoderes", que reúne a representantes de los tres estamentos del Estado ya que "es algo que nos preocupa".

"Esa unidad conduciría las políticas y lineamientos cuando hay denuncias penales de violencia, indicadores de riesgo, medidas de protección; propondría articulaciones interinstitucionales. Dirigiría a los fiscales las disposiciones sobre cómo actuar".

"Esa unidad conduciría las políticas y lineamientos cuando hay denuncias penales de violencia, indicadores de riesgo, medidas de protección; propondría articulaciones interinstitucionales. Dirigiría a los fiscales las disposiciones sobre cómo actuar", sostuvo la ministra.

Remarcó que "si hay una clara conducción, eso dirige al conjunto de las acciones".

La ministra de las Mujeres bonaerense viajó ayer a la ciudad de Rojas.

Allí se reunió con Patricia Nasutti y Adolfo Bahillo, padres de Úrsula Bahillo (18), la joven que fue asesinada el 8 de febrero último por su exnovio, el policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, quien tenía denuncias previas radicadas por la chica y por otras mujeres por violencia de género y abusos.

Díaz se quedó en la ciudad "para supervisar las acciones territoriales" que puso en marcha su cartera en ese distrito.

"Quería visitar a la familia (de Úrsula), conversar con ellos, con las jóvenes movilizadas, una de las cuales había resultado herida y presentó una denuncia, y también quería reconducir los acuerdos de trabajo en función de la mesa intersectorial de violencia, que se abra a una mesa mayor porque había una cantidad de referentes a los que no se convocaba", detalló.

Díaz precisó que se evaluó que "tienen que actualizar un recursero local, qué organizaciones participan, qué servicios tienen"

"En esta oportunidad estuvieron el juzgado de Paz y la Fiscalía, que no habían participado de la mesa local, y que siempre dijimos que era importante que estén, para definir cómo se van a comunicar e interactuar ante un caso", apuntó.

Además, adelantó que se avanza en la inclusión del municipio de Rojas en el programa provincial Comunidades Sin Violencia, a través del cual el Gobierno provincial brinda apoyo para fortalecer las líneas de atención.

"Vamos a poner pronto equipos de atención con recursos provinciales, seleccionando gente con experiencia", sostuvo.

Asimismo, remarcó que "estas acciones no quitan que se siga investigando qué fue lo que pasó" con Úrsula.

"No se pueden dar las medidas en violencia de género con piloto automático, como algo de rutina, sin evaluar los indicadores de riesgo, los antecedentes; no se pueden plantear medidas sin revisar antes en qué situación están; hay que estudiar cada caso en particular", enfatizó.

Díaz insistió que "no se pueden tomar las restricciones como algo de rutina; tampoco dar tobilleras sin evaluar el tema de las distancias que hay en una comunidad pequeña".

"Tenemos una mesa que trabaja el sector ruralidad, tiene que haber mesa de pueblo que mire esa ruralidad, que en esos lugares a veces la denuncia es a un pariente, que allí todos se conocen, hay vergüenza y son más difíciles los mecanismos de protección que allí tenemos", analizó.

Úrsula pasó sus últimos tres días de vida realizando denuncias contra Martínez.

El mismo día de su femicidio, el juzgado de Paz notificó al Municipio de Rojas que debían otorgar a la víctima un botón antipánico, pero lo hizo a través de un correo electrónico que nadie en la comuna abrió hasta el martes siguiente, cuando la joven ya había sido asesinada. (Télam)