(Por Diego Mudano) Las zonas deforestadas en la Argentina se incrementaron en los últimos 20 años y la desaparición de gran parte del área boscosa engrosa la lista de factores que profundizan, según especialistas, la crisis climática: desde 2001 hasta 2021, el 80% de la masa forestal local eliminada estuvo vinculada con los sectores dominantes que responden a la deforestación, según relevó la plataforma de monitoreo de bosques Global Forest Watch.

Frente a esto, el Gobierno dispuso la implementación del Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), entre otras políticas ambientales.

Durante ese período, el país perdió 438.000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 7% de la pérdida total de cobertura arbórea y una disminución de esa flora nativa del 9,9%.

Entre las actividades que generaron mayor índice de pérdida forestal en el país, la deforestación asociada a la obtención de materias primas -postes de luz, tanino, durmientes o carbón- encabezó la lista, con 151.000 hectáreas menos en 2021 que en 2001.

Le siguieron la agricultura itinerante, que dejó en ese mismo año un saldo de 25.000 hectáreas taladas de las 200 mil que hubo en total, según informó el organismo.

"Muchas zonas desmontadas después terminan siendo suelos inútiles al cabo de los años, por la salinización y la contaminación con agrotóxicos. Los wichí les llaman 'campos vencidos', son suelos que hacen más frecuentes las inundaciones porque ya no absorben las lluvias y, en verano, el efecto espejo contribuye al calentamiento", lamentó en diálogo con Télam Noemí Cruz, responsable del área de bosques de Greenpeace.

"Cuando la materia prima es sólo para carbón, tanino, postes de luz o durmientes para la utilización en las vías férreas, se hace sobreexplotación. Eso se denomina 'erosión de bosques'; se extrae madera y se empobrece y degrada todo el suelo de la zona boscosa", advirtió Cruz, y denunció: "El 85% de un ecosistema único como el quebrachal del Bosque de Tres Quebrachos -al sur de Chaco- fue destruido".

Fuentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalaron a Télam que "la deforestación registrada se debe a desmontes ilegales o prácticas de transformación excesivas por parte de productores ganaderos en sistemas silvopastoriles, además de los incendios", que suceden con frecuencia en los bosques de categoría I y II, los más preservados.

Para dar respuesta a esta problemática, entre la cartera de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se creó en 2022 el programa MBGI, que busca transformar esas prácticas silvopastoriles en modelos foresto-ganaderos para "asegurar la continuidad de la estructura y función de los bosques nativos", explicaron desde la entidad.

"El MBGI busca abordar el problema de la pérdida de bosques regulando las intervenciones en bosques nativos para poder arribar a modelos de producción libres de deforestación, forma parte de los lineamientos técnicos estratégicos de la Ley Bosques", reforzaron las fuentes oficiales.

El estudio evidenció además que Argentina perdió 6,32 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que representa un 16% menos de su totalidad, y generó como consecuencia la emisión de 1,4 gigatoneladas de carbono a la atmósfera.

En 2008, por ejemplo, se midió una deforestación récord: hubo un total de 588.000 hectáreas podadas, de las cuales 491.000 fueron utilizadas para materias primas. ¿Qué consecuencias generó este desmonte? Cruz advirtió que los pueblos que habitan en la cercanía de las zonas deforestadas "pasan a ser desalojados, son parias en zonas urbanas, sin posibilidades de subsistencia conforme su cultura".

Además, la masiva deforestación provoca la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, también en la productividad de los suelos, cambios en los llamados "ciclos hidrológicos" -que facilita las inundaciones-, y pérdida en la capacidad de fijar carbono, que termina expulsado a la capa de ozono y contribuye al avance del calentamiento global.

Sobre el dosel arbóreo en Argentina -el ecosistema que se forma por debajo y entre las copas de los árboles-, en ese mismo período las cinco provincias que registraron mayor pérdida fueron Santiago del Estero, con 1,90 millones de hectáreas; seguida por Salta, con 1,39; Chaco, con 878.000; Formosa, con 693.000; y Misiones, con 533.000.

El 52% del total de la pérdida de la cobertura arbórea en el país corresponde solo a la suma de las dos primeras provincias que encabezan esa lista.

Además, el 87% de la pérdida de bosques nativos corresponde a esa región del parque chaqueño, principalmente Santiago del Estero (28%), Salta (21%), Chaco (14%) y Formosa (13%). El total del área constituye el segundo foco de deforestación de Sudamérica, después del Amazonas.

Actualmente, la plataforma registró que sólo en seis días -el período que va del 6 al 13 de octubre de 2022- se registraron 163.693 alertas de deforestación local, lo que abarca un área de 1,81 mil hectáreas que se encuentran en proceso de ser taladas para diferentes actividades, entre ellas, la industria agropecuaria (mayormente), la agricultura y ganadería intensivas.

El aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales de los bosques primarios llevó a que en 2007 se discutiera un marco legal que garantizara la protección de esos ecosistemas y los clasificara según su valor de conservación. El resultado de la Ley N° 26.331, que se implementó en 2009, estableció un presupuesto mínimo para la protección ambiental y el manejo sostenible de esas zonas.

Sobre eso, Cruz alertó que en las zonas donde ella trabaja -Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa- "hay bosques muy amenazados, principalmente habitados por campesinos e indígenas que no tienen el reconocimiento de la tierra y, con lo cual, no son destinatarios de esos fondos y no perciben las mejoras económicas locales".

En ese sentido, desde el Ministerio respondieron que junto con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) elaboraron un Proyecto de Pagos Basados en Resultados (PBR) por el cual Argentina recibió un financiamiento de U$S 82 millones en concepto de pago por reducción de emisiones forestales por la disminución de la deforestación.

Este financiamiento tiene una duración de seis años a partir del 2022 y está destinado a la implementación de modelos de gestión forestal libres de deforestación que contemplen, a su vez, la participación social en la planificación y el uso sostenible de los bosques como factor de desarrollo de las economías regionales.

Este programa incluye, además, "actividades que prevén la inclusión social con especial atención a comunidades indígenas y campesinas para promover el arraigo, la perspectiva de género; la producción de conocimiento y transferencia y la mejora permanente de instrumentos de monitoreo y control como el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación", aseguraron desde la cartera ambiental. (Télam)