El fiscal y los abogados querellantes en el juicio por el derrumbe en el boliche Beara solicitaron hoy penas de entre 9 y 2 años para los propietarios y los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por encontrarlos responsables penales de las dos muertes ocurridas en el local nocturno.

El 10 de septiembre de 2010, en el boliche ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, cerca de las 3.50 cuando terminó un recital del grupo Ráfaga, se derrumbó un entrepiso construido de manera precaria y provocó la muerte de Ariana Lizarriaga (21) y Paula Provedo (20).

El boliche había sido clausurado por irregularidades y el gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación como “salón de fiestas privadas” cuando en realidad funcionaba como discoteca.

Por las muertes de Lizarriaga y Provedo fueron imputadas 17 personas, entre los miembros de la sociedad comercial “Viejo sabio” que regenteaba el lugar y los funcionarios del gobierno de la Ciudad que debían habilitar y controlar el local.

Luego de escuchar los testimonios de empleados, asistentes y expertos, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 7 habilitó hoy los alegatos del fiscal, Oscar Ciruzzi, y de los abogados querellantes de los familiares de las víctimas, Omar Benaventos y Daniel Llermanos.

El fiscal Ciruzzi, en relación a los tres propietarios del boliche Juan Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess, señaló que incurrieron en “reiteradas violaciones a las tareas de cuidado” de sus clientes y que actuaron de manera “imprudente y negligente” en la construcción de la estructura y su mantenimiento.

“Todos sabían que Beara estaba siendo utilizada para otras cosas, todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva, todos sabían que habían 700 personas que era mucho más de lo permitido (en el local), entonces todos se tendrían que haber representado el resultado de muerte”, argumentó.

Por todo ello, el representante del Ministerio Público solicitó para los tres propietarios una pena de 4 años y 6 meses de prisión, más 9 años de inhabilitación para ejercer el comercio, por entenderlos responsables del delito de “homicidio culposo agravado por el numero de víctimas”, las lesiones a otros asistentes y el pago de cohecho a policías federales.

Para los funcionarios de la Ciudad Martín Farrel, Norberto Cassano, Isaac Rasdolsky y Damián Saikauskas, el fiscal solicitó una pena de 3 años e inhabilitación de 10 como funcionarios públicos, por entender probada la comisión del delito de “homicidio culposo agravado por el numero de víctimas”.

En el caso de los policías Rodolfo Cabezas, Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, la acusación pidió 3 años y 6 meses de prisión por el delito de “cohecho”.

Ciruzzi rechazó acusar por “cohecho pasivo” a los funcionarios porteños pero consideró que se podía avanzar con la acusación a los cuatro policías que prestaban servicio en la zona de Palermo en la que funcionaba Beara.

Por el lado de las querellas, el representante de la familia Proveda Benaventos se definió también por la acusación de “homicidio culposo” (sin intención) porque “no se quiso el resultado (de las muertes) y tampoco se representaron el resultado, pero se actuó con tal impericia y negligencia que el resultado se iba a producir”.

“Esto es una repetición de Cromañón pero con menos víctimas”, sintetizó el abogado refiriéndose al episodio de diciembre de 2004, cuando por el lanzamiento de unas bengalas a la media sombra del techo, se produjo un incendio en el que murieron casi doscientas personas.

Benaventos solicitó para los propietarios y los funcionarios de la Ciudad el máximo de la pena del “homicidio culposo agravado” que es de cinco años de pena.

Por la querella de la víctima Lizarriaga, el alegato del abogado Llermanos hizo eje en que “no pueden decir (los propietarios) que no se representaron las consecuencias con ese entrepiso que era patético”.

Llermanos recordó los dichos de testigos que aseguraron que había desprendimiento de revoque y que entre los empleados del boliche era una preocupación el movimiento de la estructura precisamente por la posibilidad de un colapso.

Por ello, el abogado de la familia Lizarriaga consideró a los imputados responsables del delito de “homicidio simple” y solicitó para los propietarios una pena de 8 años de prisión, para los funcionarios porteños 9 y para los responsables de controlar los aspectos técnicos, 2 años y 6 meses.

El juicio por el derrumbe en Beara continuará el próximo lunes con los primeros alegatos de los defensores. (Télam)