El asesinato de la niña Milena nos demuestra que aun falta mucho, dijo Graham

Los asesinatos de Milena de dos años, y meses atrás de Lucio Dupuy de cuatro, crímenes por los que son juzgadas sus madres y sus parejas, conmueven por la falta de prevención, por lo que especialistas instaron a garantizar un "mayor compromiso" del Estado, que es el responsable "primordial" de proteger a la niñez, y de la comunidad en general, y si bien "hemos avanzado mucho, el caso de Milena nos dice que todavía falta”, sostuvo Marisa Graham, defensora de Niños, Niñas y Adolescentes,
Milena Sena Torres, de dos años fue asesinada a golpes y por el ataque están detenidos su madre y su pareja, quienes la llevaron a un hospital del partido bonaerense de Merlo y dijeron que se había caído de la cama y convulsionado, versión que fue desestimada por la autopsia.
"Lo que tenemos que plantearnos seriamente como sociedad es qué le pasa al mundo adulto que avasalla los cuerpos de los niños, no sólo física sino también psicológicamente, cuando somos quienes debemos protegerlos y cuidarlos. Qué pasa en esos casos que, donde debería estar el amor, hay horror", expresó a Télam, Graham.
Prevenir y proteger a niñas, niños y adolescentes (NNyA) de la violencia y el maltrato es, para la funcionaria, responsabilidad "primordialmente del Estado".
"Cuando hablamos de organismos de protección de niños y niñas no es una oficina nada más, es todo el Estado, entes públicos y privados. Sus derechos humanos son responsabilidad de todos y todas", aseveró la titular de la Defensoría..
En ese sentido, la Ley 26.061 de Protección de Derechos de NNyA sancionada en 2016 identifica tres niveles de responsabilidades: la familiar, la comunitaria y la del Estado.
“No es la misma responsabilidad la que les cabe a cada uno, pero lo que la ley plantea es que es necesario que nos comprometamos todos ante casos de vulneración de derechos”, sostuvo Pilar Molina, secretaria general de gestión del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la justicia porteña.
“Los agentes del Estado o de establecimientos educativos o de salud, tanto públicos como privados, tienen la obligación de denunciar y activar el protocolo, pero la ley convoca a todo ciudadano a comunicar una situación así”, continuó.
Esto se debe hacer ante el organismo de protección que corresponda a la jurisdicción o a través de la Línea 102 de Subsecretaría de Familia, Niñez y Adolescencia (Senaf) o la Línea 137 para víctimas de violencia familiar y/o sexual y de grooming.
“Frente a ese deber de comunicar, el funcionario judicial o quien reciba la denuncia tiene la obligación de recibirla, incluso si es hecha por los mismos chicos”, explicó Molina.
Este sistema es el que propone reforzar el proyecto de ley que fomenta la creación de el Plan Federal de Capacitación en derechos de NNyA, conocido como Ley Lucio, que en noviembre pasado obtuvo media sanción en Diputados y que fue impulsado tras el asesinato a golpes del niño, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, por el cual están siendo juzgadas su madre y la novia de la mujer.
La iniciativa propone establecer la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y prevención y asistencia ante situaciones de violencias. para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Hoy, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, pidió hoy al presidente Alberto Fernández que incorpore en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso este proyecto, para que sea aprobado por el Senado.
En el caso de bebés de tan temprana edad como Milena, Graham advirtió que “es muy compleja la situación” ya que se encuentran “encerrados con sus agresores, sin ningún sector, ni público ni privado, que pueda advertir la situación, como la escuela o el club".
En esa línea, la funcionaria resaltó la necesidad de "profundizar en las capacitaciones y campañas -como las que hicimos con Unicef o la Sociedad Argentina de Pediatría, entre otras- que apunten a trabajar estas relaciones de poder entre adultos y niños y las crianzas”.
Por su parte, el MPT implementa desde hace un año y medio un espacio de crianza y vínculos responsables, donde se trabaja en "el origen de la violencia" y que se aplica a padres y madres que tienen una denuncia penal por lesiones o hostigamiento de sus propios hijos, contó Molina.
Ambas funcionarias aseguraron que en la mayoría de los casos “siempre hay indicios que alertan” situaciones de maltrato, por lo que resulta fundamental "la capacitación al personal médico y docente, referentes comunitarios y clubes" para que puedan advertir indicadores físicos, emocionales, cognitivos, de conducta o sociales.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 58% de las niñas, niños y adolescentes en América Latina sufre algún tipo de violencia -física, psicológica, abuso sexual o negligencia-, y cerca del 80% de los casos ocurre en el ámbito intrafamiliar.
En Argentina no hay registros sobre niñas y niños asesinados en contextos de violencia familiar.

Línea 102: gratuita y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Línea 137: gratuita. Para asistir a víctimas de violencia sexual y familiar y de grooming
(Télam)