El conductor televisivo Marcelo "Teto" Medina fue detenido hoy junto a otras 16 personas en una causa por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad terapéutica que no estaba habilitada, tras lo cual la Sedronar tomó intervención para garantizar la situación de los pacientes y sus familiares pidieron evitar la clausura de la institución.

Fuentes policiales y judiciales informaron que Medina quedó detenido esta tarde en la seccional 1ra. de la localidad bonaerense de Berazategui a la espera de que mañana sea indagado por el fiscal Daniel Ichazo.

La investigación se centra en una comunidad terapéutica, llamada La Razón de Vivir, orientada a la rehabilitación de personas con adicciones, ubicada en las localidades de Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur del conurbano bonaerense, y en el departamento de Punilla, en Córdoba

Voceros judiciales informaron que en el lugar "se identificaron a unas 200 personas sometidas a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, mayores y menores de edad".

Medina fue apresado en su vivienda del barrio porteño de Palermo por personal de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina y otras 16 personas fueron demoradas, en el marco de los 21 allanamientos simultáneos realizados con intervención de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de Córdoba.

El jefe y organizador de la comunidad es Néstor Ezequiel Zelaya, quien también fue detenido.

El procedimiento fue llevado a cabo por el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui, Daniel Ichazo, con intervención del Juzgado de Garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo de Adrián Villagra.

En la investigación se determinó que habría otros centros terapéuticos involucrados de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde el exintegrante del programa VideoMatch participaba activamente en actividades realizadas por los representantes de la organización, informaron las fuentes.

Según las investigaciones judiciales, Zelaya era quien establecía contactos y realizaba apariciones en medios de comunicación, fijaba los aranceles a cobrar para ingresar a las quintas de rehabilitación y coordinaba la internación de un nuevo paciente.

También era el que indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato de las víctimas, incluido el sistema de castigo y la prohibición de salir de las quintas, así como la forma, condiciones y tipos de trabajos forzosos que debían realizar algunas víctimas, según revelaron a Télam los voceros.

"Mi hijo tiene 18 años y está internado hace un mes, acá me ofrecieron rehabilitarlo sin pastillas ni medicaciones, como hacen en otros lados, acá hacen terapias, juegan al fútbol. Mi hijo empezó a estudiar primer año, hacen carpintería, tienen terapia con psicóloga y psiquiatra y la contención de sus mismos compañeros", dijo a Télam Mercedes, la madre de un joven internado en el lugar.

La mujer manifestó su total apoyo a la comunidad La Razón de Vivir, en compañía de otras 50 familias de los 60 jóvenes que permanecían esta mañana en una de las tres sedes que tiene el lugar, ubicada en las calles 1 de Mayo y General Belgrano, en la localidad de Florencio Varela.

El espacio consta de dos manzanas, con una especie de galpón de grandes dimensiones, y un parque con caballo y ovejas.

El barrio, llamado San Rudesindo, cuenta con algunas viviendas en predios aledaños y otros terrenos se encuentran deshabitados.

Vecinos del lugar comentaron a Télam que "el terreno de la comunidad pertenece a una empresa de agrotóxicos que antes tiraban todos sus desperdicios y ahora está este lugar, donde se los ve bien a los chicos".

Otro de los centros que está siendo investigado se encuentra ubicado en la ruta 53, del barrio El Tropezón, en la misma localidad, y el tercero en la provincia de Córdoba, en el marco de los 21 allanamientos simultáneos realizados hoy.

Las familias se manifestaron esta mañana en la puerta de la comunidad terapéutica para "impedir que trasladen a los chicos internados a otro lugar" y evitar su cierre, mientras que personal de Policía Federal, de la Sedronar, SAME y el fiscal Ichazo, se encontraban trabajando en su interior.

Por su parte, la titular de la Sedronar, Gabriela Torres, aseguró a Télam que este centro de rehabilitación no estaba habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y lamentó "este tipo de noticias que son reiteradas".

"Estamos evaluando a las personas que están ahí para derivarlas a lugares tanto de la provincia como de Sedronar", indicó Torres.

En medio de gritos de familiares y pedidos de ayuda para que habiliten en lugar, el fiscal Ichazo salió a la puerta de la comunidad para solicitar a los presentes que los deje trabajar y confirmarles que dejarán pasar a familiares para que se encuentren con los jóvenes.

Ichazo confirmó que las detenciones de 17 personas "comenzó con la denuncia de exinternados y fue corroborada con escuchas telefónicas".

"La investigación comenzó por denuncias de las propias víctimas que salieron de acá en los últimos seis meses, son 10 personas y tiene que ver con este contexto de reducción a la servidumbre, trabajo forzoso y medicación no controlada, que se le daba a algunos, no a todos, y además la ganancias económicas por lo que les hacían trabajar y no les pagaban, y porque a algunas familias le pedían una cuota", explicó el fiscal.

Mercedes, cuyo hijo estaba internado allí, comentó a Télam que cuando lo visitaba él le decía que no se quería ir de allí, "que de esto salen todos juntos y que lo tratan bien".

"Yo lo veo bien, con una sonrisa de oreja a oreja y los chicos tienen una contención excelente acá", agregó.

Otro joven, llamado Catriel, se acercó al lugar para apoyar a las familias y dijo estar rehabilitado del consumo de drogas desde hace tres años, tras haber estado internado de la comunidad.

"Todos están acá por su voluntad, no puedo estar más agradecido a este lugar, tengo una vida gracias a esta comunidad, me pasaba cinco días consumiendo, aunque era supervisor de ventas y llegué a ser gerente, pero me iba a Constitución de traje y me quedaba cinco o seis días consumiendo", apuntó el joven.

Los familiares continuaban hasta esta tarde protestando en la puerta del lugar, mientras agentes policiales les informaban que estaban trasladando a algunos jóvenes a las comisaría tercera de esa localidad y a otros hacia otras comunidades terapéuticas.

"Vení, vení, baila conmigo que un amigo vas a encontrar, y de la mano del loco Pipi, toda la vuelta vamos a dar", cantaban los jóvenes desde adentro del lugar, con banderas y bombos, en conjunto con las familias que los apoyaban desde afuera, tras aclarar a Télam que "Pipi" es el apodo del director de la comunidad, Eduardo Zelaya.

Desde del interior de la comunidad, un joven se dirigió a la prensa con un mensaje de apoyo al centro y transmitió que "estas detenciones tienen que ver con un fin político".

"La calle y la sociedad nos estaban matando, acá volvimos a nacer, a crecer, aprendimos a escuchar, a hablar, por eso, todo esto es una movida política para que nosotros no vayamos a la marcha de hoy, convocada al Congreso de la Nación sobre la ley de adicciones", apuntó el joven desde el enrejado de la puerta de la comunidad. (Télam)