Dos directivos, dos profesionales y una trabajadora administrativa de la comunidad terapéutica clandestina "Resiliencia San Fernando" de Pilar fueron detenidos acusados de la muerte de cuatro personas alojadas en ese lugar, que fallecieron en medio de un incendio que destruyó las instalaciones de esa institución, informó hoy la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Los detenidos están acusados por homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre y quedaron detenidos por orden del juez de Garantías 6 de San Isidro, Nicolás Ceballos.

El establecimiento "no estaba habilitado y las personas allí alojadas estaban sometidas a aislamiento extremo, castigos, sobremedicación y un abordaje tratamental que no respetaba la ley de salud mental", precisó en un comunicado la CPM que, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como Particular Damnificado Institucional.

El 22 de febrero último, cuatro personas murieron durante un incendio en el centro "Resiliencia San Fernando", una cabaña que no tenía ningún matafuego, ni plan de contingencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, lo que impidió las tareas de rescate que intentaron los mismos usuarios.

Cuatro personas de entre 25 y 40 años, sobremedicadas con psicofármacos, murieron, en tanto otras 22 personas internadas en la comunidad sobrevivieron, algunas de ellas quedaron con secuelas emotivas y psíquicas que agravaron su condición de salud mental.

Pocos días después del incendio, el director de la comunidad Alan Emmanuel Cambra Sarife fue detenido por orden del fiscal Germán Camafreita Steffich, a cargo de la investigación.

Ahora, con el avance de la pesquisa, la justicia ordenó la detención de otras cinco personas que cumplían funciones directivas, técnicas y profesionales en el establecimiento, añadió la CPM y precisó que las imputaciones se realizaron "por 16 hechos que incluyen los delitos de homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre".

Por pedido del fiscal y orden del juez de garantías fueron detenidos el codirector de la comunidad, Alejandro Merenson, la vicedirectora Eliana Wadrick, la funcionaria administrativa Alejandra Machado, el psiquiatra Fabián Samsolo y la psicóloga Alejandra General.

Al momento del incendio, añadió la CPM, 26 personas con problemas de adicción estaban alojadas en la comunidad terapéutica San Fernando en condiciones de aislamiento extremo por más de 23 horas diarias, hacinamiento y sobremedicados con un mismo coctel de psicofármacos, padeciendo graves violaciones de derechos humanos.

De acuerdo a la investigación, los usuarios estaban "reducidos a una condición de servidumbre, bajo voluntad de los imputados".

"Las víctimas permanecieron allí medicadas y encerradas, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad, salubridad, en condiciones de hacinamiento y sin la alimentación requerida y adecuada, comprometiendo de esta manera la integridad física y mental, como así también la dignidad de los allí alojados quienes se hallaban en situación de extrema vulnerabilidad por sus condiciones físicas y psíquicas", describe la acusación de la fiscalía0.

El fiscal también sostuvo que los imputados conformaron "una asociación ilícita que, simulando dirigir una comunidad terapéutica, mediante engaño, ocultando que carecía de habilitación, y aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de las víctimas, cobraban un canon por la supuesta prestación de un servicio de salud integral, que no era tal, ocasionando de esta manera un perjuicio patrimonial en las víctimas y sus familias".

En esas graves condiciones de internación, sin respetar los principios de la ley nacional de salud mental y sin contar si quiera con la habilitación para su funcionamiento, ocurrieron las muertes de los cuatro usuarios, añadió.

Para la justicia, los imputados estaban al tanto de las condiciones de posibilidad para que un hecho así ocurriera y, sin embargo, permanecieron indiferentes al padecimiento de las víctimas. (Télam)