Casi la mitad de las víctimas de femicidio y travesticidio en la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2019 eran extranjeras, según un informe realizado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y sólo el 15% de ellas había denunciado previamente a su agresor, lo que muestra que “las dificultades para acceder a la justicia y a otros derechos sociales, impactan especialmente en la vida de las migrantes”, aseguró la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref).

El informe presentado hace unas semanas por la UFEM relevó datos sobre víctimas de violencia de género en el período mencionado en tres distritos: Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

Del documento se desprende que “en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente la mitad de las víctimas (45,7%) eran extranjeras, principalmente migrantes de países de la región. En la provincia de Buenos Aires esta incidencia es mucho menor: el 7,7% de las víctimas eran extranjeras. Y en la provincia de Santa Fe todas las víctimas de femicidio del período fueron de nacionalidad argentina”.

Esta diferencia guarda relación con las proporciones de población extranjera en cada uno de los territorios, aunque el dato correspondiente a la Ciudad se “destaca por la sobre-representación de mujeres extranjeras entre las víctimas de femicidios”.

Además, el estudio advierte que del total de víctimas de femicidio y travesticidio registradas en la ciudad de Buenos Aires, solo el 15,2 por ciento “habían realizado denuncias penales previas contra su agresor”.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Caref aseguró que esta “sobre-representación de mujeres extranjeras” entre las víctimas se debe a que en esta población, “tanto el acceso a la justicia como a otros derechos sociales se ven obstaculizados sistemáticamente por múltiples factores: por su condición de migrantes, por ser mujeres y, en la mayoría de los casos, por pertenecer a las clases más pobres”.

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“En Caref nos valemos del concepto de interseccionalidad, forjado por los feminismos negros, para explicar cómo en las trayectorias de vida de estas mujeres se condensan diferentes opresiones, desigualdades y formas de dominación”, apuntó el organismo que hace casi 50 años asiste y acompaña a mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

En este sentido, remarcó que la violencia que padecen las mujeres con las que trabajan “no se explica por aspectos propios o inherentes de las personas, sino por un contexto que las expone una y otra vez a situaciones de vulnerabilidad, discriminación y violencia” por lo que en esa línea es en la que se debería “orientar el rumbo de las políticas de prevención y protección de la violencia basada en género”.

Asimismo, el organismo detalló que algunas de las causas que dificultan el acceso a la Justicia de esta población son: la falta de información sobre sus derechos y acerca de los dispositivos existentes para denunciar la violencia de género; las prácticas institucionales discriminatorias que obstaculizan el acceso a la denuncia; los temores en torno a que la situación de denuncia exponga la irregularidad migratoria.

Así como también lo son las distancias geográficas y simbólicas entre las instituciones públicas en las que se lleva adelante la denuncia y la población migrante; y la falta de redes familiares o sociales, tanto para visibilizar la situación de violencia como para acompañar una posible denuncia.

“En un país con leyes modelo para erradicar la violencia basada en género, y en el distrito con mayor presupuesto a nivel nacional, es inadmisible que la condición migratoria se convierta en un factor de riesgo para las mujeres y travestis extranjeras que viven en la Ciudad de Buenos Aires”, sentenció Caref.

Y concluyó: “Hacemos un llamado a las autoridades y nos ponemos a disposición para trabajar mancomunadamente en pos de favorecer el acceso a los derechos de las mujeres migrantes de nuestro país, siendo el primero la posibilidad de vivir una vida plena, libre de violencias”. (Télam)