El arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, se presentó hoy a declarar ante la jueza de Violencia Familiar y de Género 3, Carolina Cáceres Moreno, en el marco de la causa iniciada en su contra con la denuncia que por violencia de género radicaron las monjas del Convento San Bernardo de clausura.

Fuentes judiciales informaron que el arzobispo de Salta llegó este mediodía al Juzgado, junto a su abogado defensor, Eduardo Jesús Romani, y estuvo frente a la jueza por un lapso de aproximado de dos horas, aunque no se difundió el contenido de su declaración.

Los voceros detallaron que, a partir de ahora, y cumplimentados todos los pasos periciales y los testimonios de víctimas y acusados, la jueza quedó en condiciones de resolver la causa.

Cargnello había sido convocado por la jueza el 3 de mayo pasado, pero la audiencia se suspendió debido a que la máxima autoridad de la Iglesia Católica salteña se encontraba en Pilar, donde participaba de la 120 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Esta audiencia era una de las medidas precautorias impuestas por la magistrada, tras la denuncia radicada antes de la Semana Santa que dio inicio a la causa "Monasterio, San Bernardo de Carmelitas Descalzas contra Cargnello, Mario Antonio; De Elizalde, Martín; y Ajaya, Lucio Francisco por violencia de género".

Apenas radicada la denuncia en la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIF), Cáceres Moreno dictó una serie de medidas precautorias, entre ellas la prohibición de acercamiento al monasterio de clausura donde residen las monjas denunciantes, y una consigna policial en el lugar.

Además, la jueza dispuso de manera provisoria intimar a Cargnello, De Elizalde y Ajaya a que se abstengan de ejercer actos de violencias de todo tipo y bajo cualquier modalidad en contra de la madre priora María Fátima del Espíritu Santo, otras dos monjas mencionadas en la denuncia y las demás hermanas del convento, que está ubicado en pleno centro de la ciudad de Salta, sobre calle Caseros.

Por otro lado, la magistrada no hizo lugar a un planteo de incompetencia formulado por la defensa del arzobispo, quien entendió que en esta causa corresponde la intervención del fuero eclesiástico, de conformidad al Concordato con la Santa Sede de 1966.

En la oportunidad, Cáceres Moreno consideró que se encuentra habilitada para intervenir en la causa, en el marco de los tratados Internacionales de Derechos Humanos y leyes nacionales y provinciales que rigen la materia, y la fiscal penal de violencia de género, Gabriela Dávalos, coincidió en este argumento.

Ante esta resolución, Romani presentó ante el juzgado un recurso de apelación.

La semana pasada, el arzobispo se presentó ante la OVIF para someterse a las pericias psicológicas ordenadas por la jueza. (Télam)