Buscan que el Estado pida explicaciones al Opus Dei por las denuncias de trabajo esclavo

Un proyecto de resolución para que el Estado Argentino, a través de la Cancillería, pida explicaciones al Opus Dei sobre su modalidad de funcionamiento en el país y las 43 exnumerarias que denunciaron en el Vaticano haber sido reducidas a la servidumbre por la organización, fue presentado la última semana por la diputada Mónica Macha y su compañero de banca Eduardo Valdés.
Un segundo proyecto de resolución presentado por los mismos legisladores propone que el Congreso Nacional exprese “su preocupación por la situación” de estas mujeres que “han denunciado a la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei”, y que habría ocurrido en instituciones que la obra tiene en el país, entre 1976 y 2016.
Ambas iniciativas se inscriben en la conmoción que generó a nivel mundial la denuncia de estas exnumerarias auxiliares de la organización, que aseguran no sólo haber trabajado por décadas sin ningún tipo de paga, sino haber sido obligadas a autoflagelarse, engañadas, privadas de su libertad, del contacto con sus afectos y de su documentación, habiendo comenzado esta situación cuando todavía eran menores de edad.
A un año de haberse presentado la denuncia, en julio pasado el papa Francisco decidió aumentar los controles sobre el Opus Dei, al ingresarlos por decreto en el organigrama de la Curia romana y de esa manera obligarlos a presentar un informe anual de sus actividades.
“¿Qué tipos de miembros sacerdotes y/o laicos posee o poseía la Prelatura del Opus Dei?”, la nómina completa de miembros sacerdotes y laicos regionales liderados por el vicario Juan Llavallol, si pertenecen al Opus Dei 23 sacerdotes mencionados en la denuncia, si tienen o tuvieron algún tipo de relación con el Opus Dei 17 asociaciones donde habrían tenido lugar los hechos denunciados y si las 43 denunciantes “fueron o son miembras laicas denominadas ‘numerarias auxiliaresÂ’ de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei o del Instituto Secular Opus Dei”, son algunas de las indagaciones que el primer proyecto propone lleve adelante la Cancillería
En sus fundamentos, el proyecto apunta que las denunciantes “habrían sido reclutadas siendo menores de edad, con el pretexto de brindarles una educación superior por parte de dicha institución, cuando el único objetivo habría sido hacerlas trabajar gratis y durante años como empleadas domésticas de la institución mencionada”.
Por eso, “su escolarización habría sido parcial o nula” y, en todo caso, cuando hubo instrucción ésta habría tenido lugar “en escuelas de tareas domésticas que tenía la organización, donde les enseñaron a limpiar, cocinar, planchar y el resto de los asuntos de la casa” para después pasar a desempeñar esas actividades de manera gratuita en propiedades del Opus Dei.
La iniciativa recuerda que las mujeres denunciaron que se “les imponía el uso de mortificación corporal tales como el cilicio (cadena o cinturón metálico dotado de puntas que se ata firmemente al muslo para causar dolor, dejando marcas visibles), la disciplina (especie de látigo con el que se flagelaban los glúteos) y baños de agua fría”.
“Además, no poseían llaves de la casa en la que se encontraban, no tenían acceso a medios de comunicación, no podían salir solas a la calle, trabajaban a destajo sin horario, no tenían días de descanso entre otras privaciones”, sostienen.
Agregaron que “esto les causó una espiral de angustia y depresión en algunas de ellas. Otras sufrieron daños físicos. Otras, según sus dichos, habrían intentado suicidarse”.
Y el estado argentino está en condiciones de asumir la actitud propuesta porque “al ser el Opus Dei una persona jurídica pública (dto. 2245/1992) deben brindar las explicaciones correspondientes” y “también debe hacer saber, como cualquier persona jurídica, quienes son sus integrantes”.
“De ser cierto lo expuesto, se estarían afectando gravemente los derechos de los niños y de las mujeres, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño”, concluyeron. (Télam)